Gracias a los técnicos del departamento económico-jurídico del Ayuntamiento de Alicante se va a corregir una ilegalidad que el área de Seguridad, gestionada por el concejal del PSOE Fernando Marcos, había pasado por alto. De la lectura del informe de la técnico se queda una ojiplática, ya que no solo se constata que se pagaron el pasado año, en forma de subvención, 56.000 euros a Alicante Accesible, una entidad sin ánimo de lucro que era imposible que realizara el trabajo que se le demandaba porque excedía de sus posibilidades técnicas: un «estudio, diagnóstico y propuestas de mejora de itinerarios peatonales accesibles dentro de cada barrio, así como la conexión entre ellos y el centro de la ciudad», sino que con el pago se dio el visto bueno en la práctica a la subcontratación por parte de la asociación de un técnico para que lo acometiera, algo que incumple la Ley de Subvenciones. Pese a que había una comisión mixta para detectar fallos -con dos miembros de la asociación, el concejal de Seguridad y un técnico del área-, así como inspectores, parece que todo fue sobre el papel, ya que ni se enteraron. El informe del departamento económico-jurídico ahora detecta facturas que no son tales facturas, que se ha contratado a un miembro de la asociación, lo que tampoco es correcto, y que no consta que se haya pagado IRPF. Todo ello con dinero público de por medio, al que parece que solo los funcionarios tienen el debido respeto.
