La corrupción no interesa a los partidos políticos más allá de los beneficios que obtienen de ella en una doble dirección: la primera, como arma arrojadiza frente al adversario; la segunda, como negocio por medio del cual tradicionalmente se han financiado aunque nieguen una evidencia contrastada con sentencias condenatorias y con un simple operación de comparación entre ingresos legales por un lado y medios y gastos, por otro lado. No cuadran, por mucha imaginación e ingeniería que se quiera utilizar.
De ahí que el intento de identificar corrupción con un solo partido, tenga más de uso interesado del fenómeno, que de realidad y que mantener ese discurso sea inservible para poner coto a lo que debe ser evitado por todos previa toma de conciencia del problema y asunción de responsabilidades. No hacerlo así equivale a no tomar las medidas oportunas y mantener un sistema que convive con la corrupción y con los corruptos. Porque es el sistema el que falla, no determinados partidos o personas. Si a mayor poder corresponde mayor corrupción, es evidente que es el poder el que la posibilita y el poder en el marco de un sistema determinado. Otra cosa es que no se quiera ver, que no se quiera combatir, que nadie esté dispuesto a renunciar a las ventajas que se obtienen aun asumiendo el riesgo de ser sorprendido, poco y relativo. Y un riesgo que, aunque se diga lo contrario, es ahora mayor, pues ha sido en la anterior legislatura en la que más se ha avanzado en la adopción de medidas para combatir la corrupción. De ahí que ahora aparezcan y se investiguen sucesos que antes, con unos y otros, no se perseguían.
Basta entrar en cualquier página de internet o bucear en la hemerotecas para comprobar cómo los casos pasados y presentes afectan a todas las formaciones, muy especialmente a las mayoritarias, siendo las diferencias entre PP y PSOE casi imperceptibles. Otra cosa es que mediáticamente se haya forzado una imagen que envilece al primero y parece indultar al segundo y que esa imagen se fomenten con absoluto cinismo y oportunismo. La realidad es muy distinta y, como digo, las diferencias entre ambos son casi inexistentes. De ahí que vengo manteniendo desde siempre que la corrupción interesa a los partidos en España, que no conviene a casi nadie imponer las medidas oportunas para su erradicación, pues los beneficios electorales que proporciona son muchos en comparación con el daño que hacen cuando se maneja bien el mundo mediático o el discurso falaz y populista. O los beneficios en términos de financiación, de los que nadie, ninguna formación, es ajena, en mayor o menor medida y con más o menos disfraz o apariencia.
No valoran, sin embargo, que la presión sobre uno u otro va por épocas y que lo que hoy te beneficia, mañana te perjudica, porque todo depende de la opinión creada, de la publicidad, de las decisiones de terceros en cuyas manos se han puesto quienes renuncian a combatir un mal que no es privativo de nadie.
No se adoptan medidas para atajar el problema porque, entre otras cosas, éstas exigirían controles y limitación de ciertos poderes de los políticos locales o autonómicos. Medidas inevitables a la vista de los acontecimientos y del abuso en materias, tales como la contratación, el urbanismo y, en general, el uso de los fondos públicos en el marco de las subvenciones de todo tipo, auténtico cajón de sastre en el que cabe todo y poco se investiga dado su carácter discrecional o, mejor dicho, arbitrario. Se habla, así, de financiación de los partidos, pero el silencio es absoluto cuando se trata de sus fundaciones, vías indirectas de ingresos excesivos públicos y de otros opacos que se redireccionan hacia la organización de distintas formas. Algunos escándalos ha habido, pero ninguno de ellos merece atención al no comprenderse que las fundaciones son los mismos partidos, aunque con revestimiento legal diferenciado.
Se mantienen incólumes las competencias urbanísticas residenciadas en los municipios y sujetas a escasos controles, siendo esta vía de financiación personal y partidaria un instrumento que nadie toca, porque todos lo necesitan a pesar de su conocida ilicitud de uso. La contratación pública no se confiere a organismos independientes, ajenos a los políticos, siendo de este modo que los ingresos extraños se multiplican a la vez que las asignaciones irregulares. O las subvenciones a los grupos municipales o de otra entidad que se transfieren a los partidos, conducta ésta que, siendo ilícita, exhiben sin pudor algunas formaciones y nadie quiere remediar a pesar de las cuantías elevadas resultantes en España de esta práctica.
Y todo ello sin que nadie haya explicado aún la intervención de los partidos en la desaparición de las Cajas de Ahorro a la par que los bancos, los beneficiados, les condonaban deudas millonarias. Nadie ha ofrecido respuestas y el silencio es expresivo de que la corrupción fue generalizada y aceptada o tolerada como mecanismo de un sistema que nadie quiere reformar. Insistir en que el problema es solo de un partido es tan falso, como conveniente para que todo siga igual.
