Me hervía la sangre al leer la noticia en Información el pasado martes 25 de abril. El titular era el siguiente: «Condenado por arrancar a su pareja 'piercings' en la vagina con unos alicates». Me dolió hasta físicamente. Pero la entradilla era, si cabe, aún peor: «El acusado ha aceptado dos años de cárcel tras admitir que maltrató de forma habitual a su pareja». Tuve que leerla dos veces y otras tantas después de leer la noticia completa. El breve relato periodístico de ese maltrato habitual durante veinte años es espeluznante. No quiero pensar qué detalles habrá en el sumario judicial. Pero, sobre todo, no puedo imaginar el prolongado infierno sufrido por esta mujer, cuya voluntad debe estar ya por ello anulada, bajo una «elevada dependencia emocional» respecto de su verdugo, tal y como se afirma en el informe pericial. De hecho, según la noticia, la víctima hasta renunció en la fase de instrucción a cualquier indemnización.
¿Qué clase de defensa ha tenido esta mujer? ¿Cómo es posible que la acusación particular, es decir, la defensa letrada de la víctima, pudiese llegar a un acuerdo con la defensa del acusado para que éste aceptase dos años de prisión como condena? Pero, sobre todo, ¿cómo es posible que el Ministerio Fiscal participase de dicho acuerdo? Según el artículo 124 de la Constitución, su misión es «promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social». Una misión que ha sido claramente incumplida, salvo que se entienda que las mujeres no tenemos derechos, que el interés público sea perpetuar la violencia contra las mujeres y/o la satisfacción del interés social coincida con la protección a los maltratadores. Es indignante.
El mismo día leo otra noticia en otro medio. El titular: «Tres años de cárcel por matar al perro de su compañero de piso tras lanzarlo desde el balcón». En este caso la acusación particular, ejercida por el Partido Animalista contra el Maltrato Animal, ha mantenido la defensa hasta sus últimas consecuencias. Y reclaman penas más graves que las actualmente previstas. No puedo evitar la comparación con la anterior noticia. Me enfurece.
Lo que me hace explotar definitivamente es enterarme ese mismo día que Arabia Saudí ha sido el país elegido para el próximo cuatrienio 2018-2022 como miembro de la Comisión de la ONU sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, órgano cuya misión es «la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres» ¿Por cuánto tiempo más se burlarán de nosotras?
