Al menos el 25% de la población de Sudán del Sur se ha visto obligada a abandonar sus hogares desde diciembre de 2013. Al 28 de febrero de 2017, ascendían a más de 1,9 millones los desplazados internos de Sudán del Sur y habían huido del país más de 1,6 millones, un aumento de casi 280.000 desplazados internos y 670.000 refugiados» desde el informe provisional del Grupo de Expertos. Eso dice el «Informe final» que han dirigido hace un par de semanas a la presidenta del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU). En determinadas regiones hay un elevado riesgo de hambruna, y en otras sólo se podría evitar en el caso de que la asistencia humanitaria se prestara conforme a lo previsto hasta julio de 2017. «En la práctica, esto significa que al momento de presentarse este informe 100.000 personas estaban muriendo de hambre y más de un millón de personas se encontraban al borde de la inanición». No es de extrañar que las pateras sigan cruzando el Mediterráneo.
Hace más de dos años me refería en estas páginas a la franja entre la línea del Ecuador africana y los 20º de latitud norte. Los Estados norteños son desérticos, excepto el fértil corredor del Nilo, mientras que el sur son praderas y bosques tropicales. La parte occidental se trataba de encauzar con la intervención de las misiones de Naciones Unidas y tropas -también españolas- respaldadas por la ONU y la potenciación de la Unión Económica de Africa Occidental y en el Sahel para frenar a los islamistas radicales de Boko Haram. En la zona oriental estan las guerras civiles de Somalia, R.D. del Congo (Rwanda), y Sudán, (Darfour, y ahora Sudán del Sur). En 2013 se cerró el acuerdo de secesión de Sudán del Sur. La zona fronteriza es rica en petróleo que tiene que exportarse por oleoductos que atraviesan Sudán hacia el Mar Rojo. La parte norte es en su mayoría musulmana y tiene una mejor distribución de la riqueza, mayor esperanza de vida, servicios y nivel de estudios.
El gobierno de transición en Sudán del Sur previsto en el Acuerdo de 2015 para la solución del conflicto, colapsó de facto el año pasado. Hay un acuerdo «entre el presidente, Salva Kiir, y el primer vicepresidente, Taban Deng Gai, que no incluye realmente a importantes segmentos de la oposición (.....). No es conducente a la unidad nacional, no ha puesto freno a la crisis humanitaria y de seguridad y es un obstáculo cada vez mayor para una auténtica reconciliación política, socavando así la transición a la paz inclusiva y sostenible que contemplan las resoluciones» de la ONU. Las fracturas políticas y tribales que describe el informe, son destructivas para los ciudadanos de Sudán del Sur, pero -acusan los expertos- «se han convertido en la estrategia predeterminada de algunas de las más prominentes figuras políticas y militares del país».
La respuesta humanitaria sigue encontrando la prohibición del gobierno de Sudán del Sur, hasta el punto que el gobierno y elementos afiliados han demonizado de manera sistemática a las Naciones Unidas y en particular a la UNMISS (Misión de las Naciones Unidas para Sudán del Sur) y «han creado así un contexto en que los ataques contra el personal y las instalaciones de las Naciones Unidas se presentan como una defensa de la soberanía nacional». «Sigue siendo el país más mortífero del mundo para el personal humanitario».
El Grupo de Expertos «recomienda» al Consejo de Seguridad que «muestre su determinación» para analizar pruebas de violaciones de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario; que congele activos y prohiba los viajes de determinados sujetos; imponga un embargo al suministro, la venta o la transferencia de armas y denuncia a empresas: una radicada en Egipto; en Seychelles; aviones de combate procedentes de Ucrania; y un traficante franco-polaco llamado Pierre Dadak que se reunió en Dakar con alguien que «ha viajado desde España» para una venta de armas pesadas.
Estiman que entre febrero y abril de 2017, unos 4,9 millones de personas, más del 40% de la población total del país, se encontraban en situación de inseguridad alimentaria grave. «Se prevé que el número total en todo el país aumente a 5,5 millones en el punto álgido del período de escasez, en julio, si no se hace nada para poner freno a la gravedad y el alcance de la crisis alimentaria». O sea ya.
