Si los habitantes de la Comunidad Valenciana pensábamos que éramos el epicentro de la corrupción en España -con permiso de la familia Pujol y de las Islas Baleares- las últimas detenciones policiales por orden judicial que han abierto en canal al Partido Popular de Madrid colocan, una vez más, al principal partido conservador en la cúspide de la corrupción y como culpable de haber generado en la sociedad española la idea de que la política es un juego sucio lleno de delincuentes.
Nos habíamos acostumbrado a las detenciones de concejales y de alcaldes populares de ayuntamientos de casi toda España, acusados casi siempre de delitos que orbitan alrededor de la adjudicación de obra pública, del urbanismo y de sus correspondientes mordidas. Asistimos en su día con gran estupefacción al encarcelamiento de un conseller de Francisco Camps - Rafael Blasco- por haberse quedado con dinero de las arcas públicas valencianas destinado a la cooperación internacional. E incluso vimos a un expresidente de un Gobierno autonómico, Jaume Matas, entrar también en la cárcel.
Pero a pesar de todo lo visto hemos de admitir que la Comunidad de Madrid va camino de superar con creces lo conocido hasta ahora. La retahíla de delitos que se imputan a Ignacio González, su hermano, su cuñado y algunos colaboradores imprescindibles que dada la envergadura de las detenciones practicadas el juez instructor da como probados, supone que los veinte años de gobierno del PP en la Comunidad de Madrid fueron, en realidad, una excusa para que los principales dirigentes del PP de esa región pudieran practicar la rapiña sobre las arcas públicas madrileñas.
Ahora que por fin se está demostrando judicialmente lo que era un secreto a voces resulta evidente que detrás del famoso Tamayazo, aquel lamentable suceso por el que dos diputados autonómicos del PSOE no acudieron a votar la investidura del socialista Rafael Simancas tras las elecciones autonómicas del año 2003, fue urdido por el mismo grupo mafioso político empresarial que nada más llegar al poder de la Comunidad de Madrid comenzó un metódico y sistemático aprovechamiento de las instituciones públicas en tres ámbitos distintos, tal y como detalla Eloy Velasco, juez instructor titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en el auto de detención y procesamiento de Ignacio González, sus familiares y resto de imputados.
En primer lugar, se inició un proceso general de privatizaciones que, dirigido a casi todos los ámbitos de la Administración pública madrileña -sanidad, educación y servicios públicos sobre todo- tuvo como objetivo crear la apariencia de que el ejercicio privado de actividades públicas conllevaba un mejor aprovechamiento de los recursos para así, una vez fuera del control administrativo, poder hacer y deshacer a su antojo, es decir, vender las privatizaciones al mejor postor.
En segundo lugar, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid se inventó la perentoria necesidad de llevar a cabo determinadas obras e infraestructuras públicas que, en realidad, no eran más que un pretexto para sacar tajada a base de comisiones que pagaban los ciudadanos mediantes tasas, impuestos y recortes en sanidad, educación y en ayudas para discapacitados. Por este motivo se construyeron ridículos mamotretos de cemento con cualquier excusa que igual podían servir para programar exposiciones como para centros deportivos, así como campos de golf que servían no sólo para extender una idea elitista de la práctica del deporte sino también para llevarse la correspondiente comisión. El para qué era lo de menos, lo importante era construirlo.
En tercer lugar, tal y como comienzan a pronunciarse juzgados de instrucción de media España tras acreditarlo, ha habido a lo largo de los últimos años un aprovechamiento del Partido Popular como persona jurídica de la corrupción, consiguiendo gracias a la adjudicación de contratos a dedo generosas cantidades de dinero negro que se destinaban a pagar sobresueldos y gastos de campañas electorales muy por encima de las del resto de partidos políticos.
Por si fuera poco a todo este entramado de corrupción que ha generado grandes beneficios al PP y a bastantes de sus dirigentes de varias CCAA, hay que sumar las truculentas maniobras en orden a obtener resoluciones judiciales favorables de jueces y fiscales llevadas a cabo por Ignacio González. Maniobras en las que estuvieron involucrados el actual - al menos de momento- fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Yáñez, el ministro de Justicia y Eduardo Zaplana que vuelve a la actualidad política como consecuencia de unas inexplicables grabaciones en las que comenta con el encarcelado expresidente de la Comunidad de Madrid sobre la mejor forma de conseguir jueces y fiscales favorables.
El silencio de Mariano Rajoy resuena más que nunca. Que se encuentre de viaje por Brasil no supone ningún impedimento para dar las explicaciones necesarias. Si estuviese en España su actitud sería la de siempre: dar la callada por respuesta y esperar a que pase todo. El problema del Partido Popular es que la bola de nieve de corrupción en la que se encuentra metido la ha generado él mismo poniendo todas las trabas posibles a las investigaciones judiciales y policiales.
