a no es posible negar que el despido de la cuñada del portavoz municipal del PP tiene una relación directa e inmediata con la denuncia formulada por aquel al señor Echávarri por presunto delito de prevaricación. Si cabía alguna duda al respecto, el mismo alcalde la ha disipado afirmando que dicha denuncia ha constituido el argumento determinante del despido en el momento en que se ha producido. De poco sirve decir que la decisión estaba tomada anteriormente, desde hace dos años, pero que se ha ido dilatando por no se sabe bien qué razones. La realidad es que se viene a reconocer que el detonante de un despido laboral ha sido un acto legal de la oposición.
El alcalde, que parece haber perdido el norte y la continencia verbal en el comunicado en las redes sociales, no solo acepta y asume un proceder cuya legitimidad carece absolutamente de justificación, sino que llega aún más lejos y pone sobre la mesa un comportamiento que debe analizarse donde y por quién proceda.
En primer lugar, afirma que una decena de contratos vigentes en el Ayuntamiento eran ilegítimos al estar vinculados los contratados por relaciones de parentesco con políticos del PP. Ese dato sirve, pues, para que el contrato sea ilegal y justifica el despido o purga masiva que anuncia. Pero, tras afirmar la existencia de estas ilegalidades, asegura que las ha consentido desde hace dos años sin explicar la razón. Ha permitido, pues, una ilegalidad y con fondos públicos. Son sus palabras.
En segundo lugar, aunque dice que la decisión de despedir a la afectada estaba tomada hace tiempo, nada prueba al respecto, nada acredita, siendo esta referencia a su voluntad un mero artificio cuya falsedad queda demostrada por él mismo al reconocer que la denuncia ha acelerado el despido. El mero hecho de que una denuncia precipite un despido genera o debe generar responsabilidades, pues significa reconocer la influencia del acto de denuncia en una decisión municipal que cabe considerar desde la perspectiva que corresponda. O, al menos, debe investigarse hasta qué punto llegó dicha influencia, si fue meramente temporal o determinante y, en cualquier caso, valorar el grado de ilegitimidad y responsabilidad de la influencia reconocida.
En tercer lugar, lo que es gravísimo, manifiesta que va a proceder a despedir a una decena de contratados, específicamente los ligados por vínculos familiares, a los que debió según él despedir y no lo hizo y los que, parece ser, ninguna tarea deben realizar, pues el alcalde basa la razón del despido en motivos diferentes a la necesidad o no del puesto de trabajo. Una suerte de razzia por motivos no explicados nunca y que ahora, aparentemente como justificación de la decisión adoptada con la cuñada de Barcala, van a ser despedidos por su filiación.
En realidad, todo el discurso de Echávarri es un disparate propio de quien, responsable o no de los actos que se le imputan en la denuncia que ha originado el despido en la medida que sea, es, según ha reconocido con escasa fortuna, autor de una suerte de venganza o revancha adoptad a desde la superioridad que concede un cargo público frente a quien ejercita un derecho fundamental, un derecho que, en este caso, al limitarse todo a una denuncia es más el cumplimiento de un deber exigido por la ley y un deber cuyo acatamiento merece para el alcalde una represalia.
El mensaje del señor Echávarri es difícil de comprender. En el mismo se acepta una responsabilidad directa por un hecho derivado de una denuncia. Lo sabe el alcalde que, no obstante, confiesa públicamente una conducta no ajena, pudiera ser, al Código Penal. Su discurso solo tiene una finalidad: la justificación presuntamente ética ante su parroquia de un acto debido ideológicamente, cargando contra todos, tachando a todos de corruptos, apareciendo él como una víctima de un sistema que presenta como injusto. Un absurdo y una irresponsabilidad que juega con lo que no se debe jugar. No se disculpa, ataca y afrenta a los afrentados.
Cómo puede quien tanto valora su virtud hasta el punto de reaccionar con tanta desproporción e irracionalidad frente a quien la perjudica, despreciar el buen nombre ajeno con tal displicencia. Inexplicable doble vara de medir.
El mensaje del alcalde es tan absolutamente inaceptable que alguien debe poner remedio inmediato a una conducta que deslegitima a quien la actúa y reconoce con naturalidad. No basta que los miembros del tripartito, tan radicalmente honestos, se quejen amargamente. Las palabras no sirven cuando se llega a extremos que son impropios de un país democrático. Tolerar las represalias es algo que excede de la política para entrar en otros terrenos.
El alcalde ha abierto, por torpeza o soberbia, un abismo en su posición. Sin su mensaje podría haber manejado la situación con cierta inteligencia, pero al reconocer los actos ha venido a decir que considera lícita la presión ilegítima o la represalia contra cualquier ciudadano que se le oponga. El miedo como instrumento, que explica seguramente el silencio de tanto comentarista ciego, tuerto o, tal vez, carente de libertad para expresarse libremente.
