El impuesto sobre sucesiones y donaciones existe en todos las economías desarrolladas y avanzadas: la treintena de países integrantes de la OCDE lo mantienen.
Y en sus recomendaciones fiscales al Gobierno de España, ni la OCDE, ni el FMI ni la Comisión Europa han sugerido su eliminación o rebaja._Sí la disminución de las cuotas a la Seguridad Social (que grava el trabajo) y su compensación con una elevación del IVA, que es un impuesto al consumo. Los organismos multilaterales han advertido a España que no puede renunciar a recaudación porque el drama del déficit fiscal español es un problema crónico de insuficiencia de ingresos, que se agravó (con un derrumbe de 70.000 millones) a causa de la crisis. Los economistas de Fedea apuntaron en igual sentido este año en un estudio sobre el sistema fiscal español.
España no tiene hoy plena soberanía tributaria para renunciar a los 2.500 millones que recauda actualmente el Estado con el tributo sobre sucesiones (salvo compensándolos con la elevación de otros impuestos) porque el país está sometido a una doble vigilancia: la derivada del rescate de 2012 (España aún debe 34.800 de los 42.000 millones que recibió de Europa el Gobierno) y la que emana del expediente de déficit excesivo. España será en 2017 el país de la UE con mayor descubierto tributario (superior al de Grecia) y el único que rebase el límite del 3% del PIB que exige la normativa del euro. El FMI acaba de decir que España ni tan siquiera cumplirá el 3,1% de desvío presupuestario que le tolera la Comisión Europea para este año y que se irá hasta el 3,3% del PIB.
Este desfase no es producto (en contra de la creencia popular) de un dispendio desbocado (España es el noveno país de los 28 de la UE_con menor gasto público en relación a la riqueza nacional y el tercero de Europa occidental, tras Luxemburgo y_Reino_Unido, y esto pese a tener el segundo mayor desembolso en cobertura de desempleo), sino de insuficiencia de ingresos: sólo cuatro países recaudan menos que España (Irlanda, Rumanía, Lituania y_Letonia).
Fiar el ajuste del déficit sólo al mayor crecimiento económico se demostró errado en 2015 y 2016. Creciendo la economía a un admirable 3,2%, España vulneró el objetivo en 2015 y para cumplir en 2016 precisó que se le concedieran dos ampliaciones del límite. La creencia de que bajando impuestos se recauda más fracasó en ambos ejercicios: con uno de los mayores crecimientos del PIB del área, la recaudación se hundió en los impuestos que se rebajaron (renta_y sociedades) y creció en los demás. A fines del año pasado el Gobierno fue forzado por la UE a revertir la reducción en sociedades, con lo que se evidenció que España no sólo no tiene soberanía monetaria, sino que la soberanía fiscal también la tiene limitada. Tras eximirse "in extremis" de una sanción millonaria de la UE por el incumplimiento de 2015, Rajoy tuvo que rectificar en sociedades e incumplir una vez más (como en 2011) la promesa de bajar impuestos con la que ganó las elecciones de diciembre de 2015 y las de abril de 2016.
La plataforma contra el impuesto de sucesiones reclama al menos la armornización del impuesto entre regiones, lo que podría ser más accesible. Pero quien la quebró fueron partidos y regiones que de forma retórica dicen ser los máximos defensores de la unidad de mercado.
