Tras años de ocultamiento o disimulo bajo la Gran Coalición, la creciente desigualdad económica vuelve a ser tema de debate en Alemania.
Lo ha planteado el nuevo candidato socialdemócrata a la cancillería federal, Martin Schulz, que trata de distanciarse así de la gestión pasada de su partido.
A pesar de la salud económica de la que presumen sus dirigentes, Alemania apenas ha avanzado en la lucha contra la pobreza, como lo demuestra el último informe del Gobierno.
Si en 2006, año en el que Alemania seguía sumida en una crisis económica, eran ocho millones - una de cada diez- las personas necesitadas de ayuda, hoy ese porcentaje apenas ha variado.
Como escribe el semanario liberal Die Zeit, "hay que decirlo abiertamente: Alemania tiene un problema serio de pobreza".
La OCDE calcula que desde la reunificación del país, el PIB de Alemania ha crecido un 6 por ciento, pero las estadísticas económicas siempre engañan: ese crecimiento no se ha repartido equitativamente.
Las reformas estructurales acometidas en su día por el canciller socialdemócrata Gerhard Schroeder y continuadas luego por la Gran Coalición de Angela Merkel son responsables directas del aumento de la desigualdad.
Reformas como la rebaja de impuestos para los más ricos, con el pretexto de que es mejor que los capitales no huyan del país por culpa de una elevada carga fiscal, o la retirada del Estado de muchos sectores de la economía.
A lo que hay que añadir la liberalización del mercado laboral con secuelas tan negativas como la precarización y los llamados "minijobs", esos empleos de pocas horas y mal remunerados que tanto parecen gustar a la patronal.
El resultado de todo ello está a la vista: según datos del banco Crédit Suisse, el 10 por ciento de los alemanes posee dos tercios de la riqueza privada del país cuando hace seis años sólo controlaba la mitad de ese patrimonio.
O este otro dato: si los altos directivos de las empresas que cotizan en la Bolsa de Frankfurt ganaban hace veinte años catorce veces más que sus empleados, ahora los multiplican por 50 como media.
Un año antes del escándalo de la manipulación de los motores diesel de Volkswagen, el entonces presidente de esa compañía de capital público y privado, Martin Winterkorn, tenía un sueldo anual de 16 millones de euros.
Ahora, la dirección de la empresa habla de fijar un tope de diez millones para sus directivos, lo que no deja de escandalizar al ciudadano de a pie, que no entiende tampoco el trato fiscal preferencial dado a las rentas del capital frente a las del trabajo.
