Hace dieciocho años el Partido Popular decidió, sin haberlo llevado en ningún programa electoral y sin consultarlo a la ciudadanía, concesionar una parte de la sanidad pública valenciana a una empresa privada. Ese es el origen del Hospital de Alzira, que da nombre a todo un modelo de gestión privada de lo público. Tras un primer intento en el que solo se concesionó la gestión del hospital, y que resultó ruinoso para la empresa, constándonos alrededor de setenta millones de euros a todos los ciudadanos, en 2003 se decidió privatizar la sanidad de todo un departamento de salud, desde la atención primaria hasta la especializada, defendiendo criterios de eficiencia y ahorro de costes para llevar a cabo dicha privatización. Lo que viene a ser pura ideología, neoliberal, pero ideología.

Los que acusan a este gobierno de sectario e ideologizado por apostar por revertir a lo público aquello que nunca debió dejar de serlo, lo hacen también desde postulados ideológicos, evidentemente antagónicos, sin pararse a pensar que dentro de la ola de privatizaciones o de externalización de servicios llevada a cabo en toda Europa desde los años ochenta hay una línea que nunca se debió cruzar: la salud de las personas. Mal negocio es aquel que al paciente lo convierte en cliente.

Este gobierno pretende ser radicalmente coherente con aquello que prometió; porque toda privatización, y la de Alzira no dejó de serlo, se sustenta en una precarización de los derechos de los trabajadores, que son los que tratan a los pacientes.

Pero es la calidad asistencial que reciben los ciudadanos la que guía el proceso de la reversión. La mera existencia de un porcentaje de beneficio empresarial fijado en la ley ya supone una perversión del sistema. Cualquier cantidad de dinero que vaya a la cuenta de resultados de una empresa no lo hará a los planes de dignificación, mejora, ampliación y humanización de la calidad asistencial. No es casual que la mayoría de la población defienda en encuestas y barómetros que la sanidad tiene que ser pública, buscando la eficiencia y la equidad, pero pública y universal ?como mejor garante de efectividad en sus resultados-.

Pero ya no es tiempo de hablar de todo lo malo que el modelo ha traído. Ahora es momento de mirar al futuro. La reversión a lo público ya es una realidad una vez que desde la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública se han dictado las normas que han de regir durante todo este año el proceso de reversión. Ahora comienza el turno de reuniones con los sindicatos donde los agentes sociales debatirán la propuesta relativa al encaje del personal en el sistema público. La Conselleria, a través de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos, lleva tiempo trabajando en ello, buscando entre todas las alternativas posibles aquella que dé total seguridad y garantía jurídica a los trabajadores, manteniendo la promesa de que todos seguirán trabajando el uno de abril de 2018, y que no habrá reducción en la cartera de servicios del hospital de Alzira, como se ha anunciado esta semana.

Todo el personal de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública asistimos ilusionados a un proceso pionero en Europa y que marcará por tanto la hoja de ruta ante nuevos procesos de recuperación de servicios para la gestión pública. Somos conscientes de la responsabilidad que recae sobre nosotros, del inmenso esfuerzo y de las horas que este próximo año le vamos a dedicar a los procedimientos derivados de la reversión. Confío también que Ribera Salud comprenda que, tras la finalización del contrato, lo más sensato es colaborar de forma leal. Además de por la factura reputacional, sobre todo porque durante dieciocho años se ha encargado de la asistencia sanitaria a una población a la que deben cuidar hasta el último día, sin poner en riesgo lo más mínimo la calidad en la prestación del servicio.

Lo público, que es aquello en lo que el bien común está por encima del bien particular o del beneficio empresarial, debe ser defendido a diario. Luchemos pues, iniciemos este camino de la reversión con el objetivo fijado en un futuro donde la gestión pública sea la única realidad en el territorio de nuestra Comunitat, y donde nunca más aparezcan sospechas de supuestos enriquecimientos ilícitos, prácticas abusivas y oscurantismo en la gestión. Que todo eso se quede encerrado en el cajón de la memoria de los despropósitos, que tan fértiles fueron en un tiempo demasiado cercano todavía.