Debo confesar que tuve que leer la noticia dos veces para cerciorarme de que la había entendido bien por lo increíble que me parecía.
El diario australiano The Age la llevaba en sus páginas económicas, y se refería al método utilizado por algunas multinacionales para exprimir a sus proveedores.
La denuncia partía de la ombudsman (aquí se la sigue llamando así aunque se trate en este caso de una mujer) del pequeño comercio y la empresa familiar, Kate Carnell.
Según Carnell, algunos grupos del sector agroalimentario como los estadounidenses Mars y Kellogg o el neozelandés Fonterra imponen a sus proveedores contratos que les permiten aplazar hasta 120 días el pago por las mercancías o servicios prestados.
Y aprovechan las estrecheces económicas provocadas por esa tardanza en pagar lo que deben para ofrecerles a aquéllos una solución en forma de créditos.
Más o menos les dicen esto: "El contrato fija un plazo de 120 días, pero gracias a nuestro tamaño y a nuestra capacidad de presión, podemos ayudarles a pasar ese período de sequía consiguiendo que el banco les conceda un crédito en condiciones más favorables".
La defensora del pequeño comercio califica ese comportamiento, que se ha convertido, según ella, en sistémico, de "próximo a la extorsión".
"Las mineras son malas, las constructoras también, pero aún peores son esas multinacionales con sede en Estados Unidos", denuncia Carnell.
De la misma opinión es el director ejecutivo del Consejo de la Pequeña Empresa de Australia, Peter Strong.
"Es aún peor de lo que me imaginaba, explica. Las grandes empresas utilizan el sistema que ellas mismas han creado en beneficio propio y en perjuicio de la pequeña empresa".
Mientras tanto, como informan también medios australianos, el fisco reclama a algunas de las mayores multinacionales del mundo, entre ellas Rio Tinto, BHP Billiton, Microsoft, Apple o Google, cerca de 3.000 millones de dólares por impuestos no pagados.
Y un equipo de 1.000 inspectores de Hacienda investiga al mismo tiempo a otras multinacionales como Shell, Chevron, Glencore por idénticas sospechas.
Y aunque ésas anuncian que se defenderán ante los tribunales con sus bien pagados equipos jurídicos, el ministro responsable de los servicios fiscales asegura que no por ello va a "arrugarse".
Tomen nota también otros.
