La tipificación penal es consecuencia del consenso social acerca de los comportamientos considerados rechazables en un determinado momento. Se llevan a la ley, por tanto, aquellas conductas que se estiman radicalmente contrarias a la ética imperante. Y se encarga luego a los operadores jurídicos que velen por su recta aplicación, castigando o absolviendo tras el oportuno proceso con plenas garantías.
Este esquema se ha trasladado hoy a escenarios distintos al derecho. Incluso, sobre dicho humus han brotado iniciativas políticas abonadas precisamente sobre el reproche de prácticas inapropiadas en la gestión pública, si bien carentes de eso que ahora gusta denominarse alteridad y que siempre hemos resumido con el castizo refrán de "consejos vendo que para mi no tengo". Con todo, resulta sorprendente que el férreo código de corrección o incorrección actual en estos asuntos, que tanto sirve como arma arrojadiza frente al adversario, no proceda de ninguna nueva elaboración doctrinal moderna, sino de los criterios más tradicionales de la moral católica, contrariamente a la apuesta laicista tan vehemente de buena parte de los nuevos inquisidores.
Muchos de los hechos que nos indignan y que alimentan la censura política en el presente están ya descritos en la Biblia, de modo que poco hay de original en esas estrategias centradas en su denuncia. Lo que resulta chocante es que sean quienes postulan con insistencia extirpar de la vida ciudadana cualquier rasgo espiritual, incluso pretendiendo cercenar las legítimas iniciativas de educación en valores religiosos, los que se erijan en martillo de herejes y se constituyan en verdaderos guardianes de dichas virtudes, que son las elementales del catecismo. También los fariseos fueron protagonistas bíblicos.
Al término de una sesión académica en Iberoamérica sobre derecho ambiental, un alumno me formuló esta sugerente pregunta: ¿cómo es posible aplicar en mi país la legislación ambiental si el poder judicial es corrupto, la administración es corrupta y la sociedad lo es también? Se me ocurrió contestarle con el título de este artículo, razonándole que lo que ellos padecían era un problema de hardware -de solidez institucional, de estructuras jurídicas serias, de formalidad inmune al delito, de ciudadanía sensibilizada y coherente-, y que sin resolver eso satisfactoriamente, el software del ordenamiento ambiental ni podría funcionar, ni ser reconocible o aplicable.
Algo parecido sucede aquí con la corrupción y sus aciagos efectos, que es cuestión principal del disco duro de nuestras sociedades. Si no la abordamos desde esta perspectiva, seguiremos todo el tiempo que sea necesario dando vueltas y más vueltas sobre lo mismo, tirando de un software legal, mediático o político inservible. Los valores clásicos que están siendo preteridos en la actualidad son los que mejor sirven frente a estos lamentables fenómenos que se extienden por occidente, motivo por el cual hemos de repensar en profundidad ese modelo que se afianza y en el que sobre el papel no cabe la moral, pero, paradójicamente, sigue presidiendo nuestro pensamiento más profundo, constituyendo el código de conducta ciudadano más extendido.
Urge, pues, centrar en ese hardware las prioridades, y ello pasa por fortalecer la educación moral en todos los ámbitos, incluida la de quienes montan sobre el pecado ajeno su película, sin mirarse al espejo de sus miserias, y también de quienes aparentan virtud teniendo su patio trasero un tanto descuidado.
