El 30 de marzo de 2012, en pleno extraordinario, el Ayuntamiento de Alicante aprobó someterse a un Plan de Ajuste que implicaba someter a la tutela de Madrid los presupuestos de la ciudad hasta 2022. Este Plan de Ajuste certificaba el fracaso estrepitoso de una gestión del gobierno popular que había conducido a las arcas municipales a tal situación de ruina que fue necesario pedir un préstamo de 47 millones de euros para pagar a proveedores. Las facturas fuera de consignación presupuestaria se salían literalmente de los cajones. En septiembre de 2013 se necesitó un segundo rescate, pues ni siquiera con los ajustes aplicados el gobierno del PP fue capaz de cuadrar sus cuentas. El segundo rescate aportó a 27 euros adicionales con sus contrapartidas en forma de subida de impuestos y tasas, disminución de gastos mediante la congelación de las plantillas, amortización de plazas vacantes y por jubilación, y otras tantas medidas que afectan al funcionamiento de la institución, siendo especialmente importante las que se refieren a la limitación de inversiones reales, que desde 2016 hasta 2022 están limitadas a 10 millones de euros anuales.

Esa etapa fue el colofón de un largo periodo de despilfarro, de desidia, de desgobierno y de corrupción. Como decíamos en el pasado pleno de aprobación de presupuestos, es mentira aquello de que la derecha gestiona bien la economía. Al menos para la mayoría. Gestiona bien para los «amiguetes», para los privilegiados.

Ahora parece lejana, pero sus consecuencias lastran la gestión del gobierno actual como una herencia envenenada, especialmente la que se refiere a la limitación de inversiones, ya que el hecho de no poder presupuestar infraestructuras que mejoren los servicios a la ciudadanía y permitan realizar las actuaciones necesarias en nuestros barrios y partidas rurales, deja al Ayuntamiento con las manos atadas para prosperar en la mejora de la ciudad. Y no podemos olvidar que cuatro de los concejales de la bancada popular, entonces en el gobierno, ahora practican la amnesia desde su labor opositora. El pasado sigue siendo presente en el PP, y eso les sitúa en una época que esta ciudad quiere y está consiguiendo superar.

Además, el Plan de Ajuste agrede a nuestra autonomía local y nos erige como una institución menor de edad. El Ayuntamiento de Alicante no goza de autonomía para realizar un proyecto de presupuestos que sea reflejo de las políticas que se quieren aplicar en la ciudad. El mecanismo que obliga a contar con el beneplácito del Ministerio para aprobar las cuentas municipales otorga al Ayuntamiento un estatus de administración inmadura en la que no se puede confiar.

Sin embargo, la situación económica de la administración municipal ha mejorado considerablemente desde en un 39% que el gobierno del cambio ha tomado las riendas. Los datos son incontestables y muestran una evolución de los ingresos que mejoran año a año desde 2015: las previsiones de ingresos en el presupuesto de 2015 ?aprobado por el último gobierno popular-- se situaban en 240,2 millones, pero el gobierno progresista cerró el año con unos ingresos de 294,5 millones gracias a su buena gestión.

La contención del gasto junto a la mejora de los ingresos ha permitido al Ayuntamiento pasar de la situación de ahorro negativo en 2011, con una deuda de 8,4 millones, a un saldo positivo en 2015 de 23,9 millones. Si bien esta mejora es el resultado acumulado de la política de ajustes que se inicia en 2012, no es menos cierto que en 2015, con la gestión del nuevo gobierno municipal, se produce el mayor porcentaje de ahorro anual pasando de los 10,5 millones que dejó el PP en 2014 a un saldo de 23,9 millones en 2015.

En definitiva, las cuentas del Ayuntamiento de Alicante están absolutamente saneadas. El nivel de endeudamiento se sitúa muy por debajo del límite del 75% sobre los ingresos corrientes, situándose actualmente en un 39% de deuda sobre los ingresos. Estos datos indican que el Ayuntamiento se encuentra perfectamente capacitado para hacer frente a sus obligaciones en materia de reducción de la deuda y control del gasto, y para poder salvar el límite de inversiones reales de los 10 millones de euros, para así realizar las inversiones que la ciudad necesita.

Al cumplir con los objetivos de aumento de ingresos, control de gastos, reducción de la deuda, pago a proveedores y el resto de condiciones que marca el Plan de Ajuste, se podrían dar por cumplidos los requisitos y abandonar la tutela del Ministerio de Hacienda, sin embargo, la legislación que regula estos procedimientos de rescate económico no contempla mecanismos de reversión para que las entidades sometidas a ellos puedan levantar su rescate antes de la fecha estimada, una vez solventada la situación que dio lugar a su activación. Pedir el levantamiento de las medidas de rescate no implica, de ninguna manera, que el Ayuntamiento no haga frente a los compromisos en materia de deuda que adquirió con los Planes de Ajuste, ya que como hemos visto su situación financiera está absolutamente saneada.

Por esta razón, Compromís se ha volcado en la campaña « AjustInjust», que ha presentado y ha obtenido la suma de voluntades entre los sindicatos CCOO, UGT, y diversas asociaciones de comerciantes y mercados municipales, con la que se pretende instar al Ministerio de Hacienda a levantar las restricciones impuestas por el Plan de Ajuste al Ayuntamiento de Alicante. Ahora vamos a presentar esta reivindicación en el Pleno Municipal, acompañados del PSOE y de Guanyar, esperando la aprobación unánime de todo el consistorio. No entenderíamos un voto en diferente sentido, ya que sería un voto contra la ciudad, contra sus inversiones y contra la mayoría de edad de nuestro Ayuntamiento.

(*) Firman también este artículo María José Espuch y Sonia Tirado, concejales de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante