En España, bien entrada ya la democracia en años, tuvimos la primera Ley de Financiación de los Partidos Políticos que dejó abierta la gatera de las donaciones anónimas. Inocente, limitaba el importe de las donaciones; con partir la cantidad en varias donaciones, arreglado. En la segunda ley, que fue en 2015, se permiten las donaciones a las fundaciones de los partidos; ya ni gatera, o sea por la puerta de atrás. Ni una ni otra han evitado la financiación ilegal, el trasiego de maletines o el pago de facturas falsas o por quien no le correspondía. La financiación ilegal de los partidos ha tenido, sospecho, otras consecuencias no menos graves. En primer lugar, el enriquecimiento de algunos que desde su papel de recaudadores, mediadores, conseguidores, correas o como se les quiera llamar, eran a la vez comisionistas de ellos mismos. El del Palau es un caso en los que Félix Millet y Jordi Montul, según propia confesión, se quedaban un porcentaje del porcentaje; el propio Correa llevaba su «retribución» por los servicios prestados. En segundo lugar, estos recaudadores han corrompido la vida interna de los propios partidos, sospecho -y repito- al tener una influencia muy superior a la de cualquier simpatizante, afiliado y que muchos de los cargos orgánicos. Se han colocado en el lugar central de la vida de los partidos por lo que hayan recaudado y por lo que saben y puedan contar. Su capacidad de influencia seguro que habrá llegado más allá de las adjudicaciones, hasta la propia propuesta, designación, elección o veto para candidatos y candidaturas, por encima de procedimientos democráticos. La financiación ilegal corrompe la sociedad, la política y corrompe la vida interna de los partidos como la peor de las metástasis.
En el caso de la financiación de los partidos y de las campañas electorales, que es a lo que quiero referirme, he de confesar mi admiración por el sistema norteamericano: Todo el mundo, particulares y empresas pueden contribuir cuanto quieran a las campañas, incluso en la misma campaña de candidatos y partidos enfrentados. Una vela a Dios y otra al diablo. Aunque hay cabos de vela y velones. Cualquier donación desde la más pequeña a la más grande de particulares o grandes empresas debe ser transparente en su cantidad, auditable en su origen y fiscalizable. Incluido los minicréditos. En EE UU se publican las donaciones que reciben los candidatos, de quién y el importe. La cantidad que sale de la cuenta del particular o la empresa se contabiliza y es la que entra en la cuenta de la campaña. Ni más ni menos. No hay maletines que valgan ni comisiones para los recaudadores. Si a un candidato le financian abundantemente empresas armamentísticas, sanitarias o petroleras la política que desarrollará si gana no será muy distinta de la que pretende Trump. Viendo quienes pagan la campaña podemos prever antes de votar sus prioridades y el pie del que cojeará. El sistema habría que acompañarlo con una fiscalía más parecida a la estadounidense, un castigo penal disuasorio, inmisericorde e imprescriptible.
