Urge un pacto contra la violencia machista

21.03.2017 | 05:03

A principios de noviembre de 2016 se aprobó en el Congreso, una propuesta para que se formalizara un pacto de Estado contra la violencia machista. Para ello se deberían comprometer todas las fuerzas políticas y sociales para erradicar esta plaga. La actualización de la Ley, junto al compromiso de un aumento sustancial en recursos humanos y materiales para combatirla, así como para elevar el nivel de concienciación de la sociedad ante un problema tan enquistado como lo es el del machismo aún en nuestro tiempo.


Se sabe que se están haciendo cosas, que hay reuniones, que hay propuestas, etcétera, pero también se sabe que va todo muy lento, que se tarda en exceso en ponerse de acuerdo y, todavía más, en comprometer los suficientes recursos públicos a esta lucha.


El pacto necesario se defiende pero aún no se aprueba. En cambio, y por desgracia, la violencia machista no para.


Los datos que ha publicado el Consejo General del Poder Judicial del año 2016 son aterradores: 134.462 mujeres han denunciado ser víctimas de violencia machista en ese año. Son casi 11.000 más que en 2015. Hay gente que destaca que eso se debe a que se ha perdido algo del miedo a denunciar. Tal vez. También puede ser que ese miedo siga existiendo y el problema esté aumentando. En cualquier caso son números muy preocupantes. Un aumento del 8,7% en el número de víctimas sobre 2015. El número de denuncias, en 2016, ha sido de 142.893, lo que significa que muchas de esas mujeres han sufrido más de una agresión. En todo caso, los datos oficiales nos dicen que, cada día, se presentan en España casi 400 denuncias por violencia machista. Un escándalo.


Otro dato llamativo es el de que en 16.118 casos, las mujeres afectadas han renunciado a esa denuncia. ¿Qué habrá pasado con esas mujeres para que tengan que retirar las denuncias? Serán voluntarias o forzadas esas renuncias? ¿Debería intervenir la Justicia o los servicios sociales antes de esa retirada que deja sin efecto la denuncia?


No es normal ese porcentaje. Las presiones, el miedo, la soledad, etcétera, pueden estar detrás de estas renuncias. Si estuvieran más seguras, si pudieran exponer su caso con más libertad y garantías tal vez no se verían obligadas a volver con sus agresores. La reincidencia de éstos está más que constatada en muchos casos. Arbitrar soluciones a esta problemática tan frecuente es uno de los retos de ese futuro pacto.


Es verdad que la primera víctima es la mujer y que su mejor defensa es la denuncia. Pero llama la atención que esta problemática que, en su entorno familiar, no siempre es desconocida, motive tan poca colaboración a la hora de presentar denuncia. Tan sólo en 2.060 casos han sido familiares los que la han interpuesto. Es una cuestión delicada pero la ayuda familiar o de conocidos puede resultar útil, en muchos casos, para evitar impunidades. Tapar el problema no siempre es la solución.


Y, lo peor de todo, es que las víctimas mortales siguen aumentando. En lo que llevamos de año son 16 más una que aún se está investigando. Tan sólo cuatro de ellas habían presentado denuncia previa y sólo tres habían solicitado medidas de protección, que obtuvieron aunque no ha sido suficiente. Es un campo en el que queda mucho por hacer. En diez de los casos, la pareja seguía conviviendo como tal. Por otro lado, ocho menores han quedado huérfanos por estas muertes. El número de mujeres muertas por violencia machista, en los últimos doce años, es de casi 800, casi tantas como las víctimas del terrorismo y es que este es también otro tipo de terrorismo. El ejemplo de concienciación y repulsa que aquel motivó y los recursos que a ello se destinaron tal vez pueda servir de ejemplo para combatir esta lacra.


En todo caso hay que urgir a que se busquen soluciones. La Ley contra la Violencia de Género aprobada en 2004 debe desarrollarse plenamente y actualizarse con la experiencia de estos años y, especialmente, dotar con personal suficiente y con presupuestos adecuados a los juzgados de Violencia de Género así como a las fuerzas de seguridad de personal con preparación adecuada a este cometido y, especialmente, los ayuntamientos necesitan recursos para, desde sus áreas de servicios sociales, atender a estas personas como ellas necesitan. Si a ello le unimos que deben reforzarse las campañas de concienciación para que el machismo se denuncie y no se contemporice con él, tal vez consigamos ir reduciendo esta vergonzante situación.

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