Los ecosistemas son sostenibles y duraderos gracias al equilibrio entre los elementos que los componen, mientras que cualquier desajuste o acechanza puede alterar su armonía y amenazar su supervivencia. La organización social, como ecosistema, con sus estructuras, ordenamiento legal, formas de participación y de representación democrática, ha de garantizar que las comunidades humanas sean sostenibles y que los entornos donde viven las personas sean saludables y ofrezcan oportunidades para la realización del proyecto personal de cada individuo. Sin embargo, el sistema económico por el que se rige nuestra sociedad es cada vez más excluyente.
A pesar de los datos grandilocuentes sobre la recuperación económica, en el Informe España de 2017 de la Unión Europea se alerta de los altos niveles de desigualdad, pobreza y exclusión social, que se sitúan entre los más altos de Europa. Asimismo, se destacan las altas tasas de temporalidad y precariedad laboral, con datos ciertamente alarmantes, como que el 13,1% de los trabajadores y las trabajadoras se encuentran en riesgo de pobreza, en tanto que esa tasa se eleva al 28,6% para la población total española, alcanzando índices inaceptables para la población infantil, con un 34,4%.
Ante esta situación, conviene recordar que el equilibrio del ecosistema social depende del respeto de los derechos sociales y del mantenimiento y la mejora del estado del Bienestar; es decir, de asegurar el acceso a la Sanidad, de garantizar las Rentas y Pensiones, de ofrecer una Educación de calidad, y de contar con unos Servicios Sociales fortalecidos y de proximidad con los que atender a la ciudadanía sin exclusión alguna. Para avanzar en la construcción de una sociedad más justa y equilibrada, los trabajadores y las trabajadoras sociales reclamamos una estrategia conjunta de las administraciones, partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos para corregir los desequilibrios que provocan una polarización cada vez mayor entre quienes acumulan capital, frente al aumento del número de personas que sufren la pobreza y la exclusión. Demandamos el incremento de los recursos económicos dedicados a la protección social, activar mecanismos para la redistribución de la riqueza, garantizar el acogimiento y la protección social para las personas más vulnerables y desamparadas, requerimos el cumplimiento de las directivas en materia de protección del medio ambiente, que las ciudades sean cada vez más habitables y respetuosas con las personas y, en definitiva, que construyamos entre todos y todas comunidades humanas más inclusivas, justas, no violentas y respetuosas con el entorno.
La desigualdad genera conflictos y tensiones sociales, provoca situaciones de crisis y atenta contra la paz social. Desde las políticas a nivel estatal, autonómico y municipal, es necesario reforzar las ayudas para la emergencia social, los apoyos a las familias en riesgo de pérdida de vivienda, implementar programas de protección para la infancia, grupos humanos más desfavorecidos y para migrantes de zonas en conflicto. Hay que combatirla promoviendo el equilibrio y el progreso económico y social, poniendo en marcha una fiscalidad progresiva, luchando contra la corrupción política y el abuso de poder, asegurando los ingresos básicos de subsistencia, el acceso a la vivienda y a la energía, proporcionando empleo y salarios dignos, dedicando más recursos a la prevención y la protección social y garantizando la universalidad de los servicios sociales.
La tramitación en las Cortes Valencianas de futuras leyes, como la Ley de la Infancia, Ley de Renta de Inclusión o la Ley de Servicios Sociales, entre otras iniciativas impulsadas por el Consell, generan expectativas en nuestro sector, a la espera de que sean herramientas útiles para poner en valor a las personas y proteger los derechos sociales. Confiamos en que sirvan también para mejorar las condiciones laborales para el ejercicio profesional y la buena praxis de los y las trabajadoras sociales, que se incremente la ratio de estos profesionales en los centros de servicios sociales, en los servicios sociales especializados y en los sectores de educación, sanidad, empleo, justicia y vivienda.
Hoy se celebra el Día Mundial del Trabajo Social 2017, y para este año el lema planteado es "Promoviendo comunidades y entornos sostenibles", que hace referencia al tercer pilar de los compromisos de la Agenda Global del Trabajo Social y Desarrollo Social. Los trabajadores y las trabajadoras sociales reclamamos la atención de los responsables políticos, de las administraciones, del empresariado, de los sindicatos y de los colectivos sociales para que se articulen acuerdos y medidas con las que corregir las desigualdades. Desde nuestro ámbito de conocimiento y acción, trabajamos por la defensa y garantía universal de los derechos humanos y de ciudadanía, abogamos por un mundo más solidario y justo, más respetuoso con las personas y con el medio ambiente, donde se procure la cohesión social y el acceso a los bienes y derechos sociales, y hacemos visible nuestro compromiso con la sociedad y nuestra dedicación a promover comunidades y entornos sostenibles.
