Hace apenas un mes se cumplían tres años del encarcelamiento del líder opositor venezolano Leopoldo López. Con este motivo, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, pedía «justicia, derechos humanos y libertad para los presos políticos venezolanos». A esta petición respondió el presidente venezolano calificándole de «bandido» y «protector de delincuentes y asesinos», lo que motivó que el Gobierno español llamara a consultas a su embajador en Venezuela. Con ésta, ya son seis, desde diciembre de 2014, las ocasiones en que se echa mano de esta herramienta de protesta diplomática, consistente en la retirada temporal del embajador durante un tiempo indeterminado. El detonante de una de estas fue la aprobación, en abril de 2015, por el Congreso de los Diputados de una proposición no de ley pactada por el PP y el PSOE en la que se solicitaba al Gobierno español que defendiese ante la comunidad internacional y el Gobierno venezolano, la excarcelación de los opositores y estudiantes. En marzo de 2015, el Parlamento europeo aprobó una resolución similar. Y no olvidemos tampoco que hubo una declaración por «el restablecimiento de la democracia en Venezuela» firmada por 23 expresidentes de países de América Latina y por los expresidentes españoles González y Aznar.
¿Por qué les cuento esto en una columna cuya temática es la defensa de la igualdad efectiva de mujeres y hombres? Porque no veo que los feminicidios y los ataques graves a los derechos de las mujeres y niñas reciban un tratamiento similar. Más bien al contrario. Tenemos un ejemplo demasiado reciente. Quizá se enteraron (o no, dada la escasa cobertura mediática) que el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, 40 niñas murieron abrasadas en un centro público de acogida guatemalteco. Muchas de ellas estaban embarazadas como consecuencia de violaciones. Niñas pobres en un Estado pobre que las somete a abusos, que les priva de sus más elementales derechos y que ya no sabían cómo denunciar su situación. Un Estado que niega su responsabilidad en estos feminicidios. En la web de la Delegación de la Unión Europea en Guatemala, en la que figura colgado un documento (con fecha 6 de marzo) titulado «Directrices para la promoción y protección de los derechos del niño», no hay referencia alguna a este terrible hecho. Es el mismo aterrador silencio que guardan todos los Estados, especialmente aquellos que presumen, como el nuestro, de hacer de la igualdad de mujeres y hombres un pilar de la democracia. En pleno proceso de elaboración de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ¿cómo es posible que ningún grupo parlamentario en el Congreso haya pedido al Gobierno español que actúe? ¿Por qué el Gobierno español no ha llamado a consultas a su embajador en Guatemala? ¿A qué esperan?
