Toque de atención al presidente

19.03.2017 | 21:07

El miércoles se despidió con un discurso inteligente. No es razonable esperar que el Constitucional pueda ser cauce de solución de graves conflictos como el encaje de Cataluña en España. Citó una sabia frase de Manuel García Pelayo, gran jurista y primer presidente del TC: «Hay problemas políticos que pueden resolverse satisfactoriamente por métodos jurisdiccionales, pero hay otros que solo pueden y debe resolverse por la vía política». Y añadió que el Constitucional no puede resolver todos los problemas que se susciten en el orden constitucional, en particular los derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico. Les toca a los poderes públicos abordar esos problemas mediante el diálogo y la cooperación que se han convertido en una necesidad inexcusable y urgente.

Desde la sentencia del 2014, que anulaba la declaración del Parlamento catalán que decía que Cataluña era «un sujeto político y jurídico soberano», el TC ha ordenado cumplir las leyes pero –al menos su presidente– ha concluido que esa era una obligación inexcusable pero no el camino para solucionar el conflicto.

El encaje de Cataluña es siempre una de las grandes cuestiones que ha dividido a la sociedad. Primero, el PP recurrió en el 2006 un estatuto aprobado en las cámaras españolas y votado ya en Cataluña. Lo pudo hacer porque las trifulcas históricas PP-PSOE llevaron a la supresión del recurso previo de inconstitucionalidad. Luego el independentismo catalán se quiso saltar la Constitución y el TC, a instancias del Gobierno, tuvo que intervenir. Y finalmente el Gobierno ha hecho del recurso continuo al Constitucional su única y exclusiva política para Cataluña.

Y el presidente saliente ha venido a decir que el independentismo erraba al pretender ignorar las leyes pero que el recurso permanente al TC no puede ser la única vía de solucionar el conflicto. Bofetada pues para el separatismo en las últimas sentencias, pero aviso serio al gobierno Rajoy: los graves problemas políticos no tienen solución jurídica sino política.

Es puro sentido común y es triste que se lo tenga que recordar a la derecha española un magistrado de su escudería y al final de su mandato. El mismo jueves el portavoz socialista, Antonio Hernando, pedía que el Gobierno tomara alguna iniciativa ante Cataluña y Rajoy respondía que aportara alguna idea. Incomprensible. Se ha pedido reiteradamente que se abra en el Congreso una comisión, o subcomisión, de estudio de una posible reforma de la Constitución. Puede no ser la solución pero es una fórmula para abordar institucional y razonablemente un problema de primer orden.

La Constitución no es un texto sagrado e intocable, del que no se debe ni plantear su reforma. Es nada más –y nada menos– que un pacto político solemne y con voluntad de permanencia. Puede no llegarse al consenso necesario para cambiarla, pero negarse de entrada a discutirla, argumentando que si se abre la botella pueden salir monstruos peligrosos, no es serio. Los monstruos –el independentismo– ya han surgido al imponer una concepción patrimonialista de la Constitución.

Y por un partido, el PP, hijo de la AP de Fraga, que sólo estuvo parcialmente en el consenso constitucional. Conviene no olvidar que Aznar, siempre tan aficionado a dar lecciones de constitucionalidad, no votó –al igual que Silva Muñoz o Fernández de la Mora– la Carta Magna del 78.

Pérez de los Cobos, nada sospechoso, ha dado un educado toque de atención al Gobierno Rajoy. ¿Será escuchado?

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