Gracias a la vergonzosa reposición de nombres de calles franquistas auspiciada por el Partido Popular vuelve estos días Alicante a recuperar el protagonismo mediático que ya tuvo en su día por las vergonzosas conversaciones telefónicas que mantuvieron la anterior alcaldesa y cierto famoso constructor. No parece tener otra cosa que hacer el grupo municipal Popular alicantino que intimar por tierra, mar y aire la ejecución del auto de fecha 12 de enero del Juzgado número cuatro de lo Contencioso Administrativo de Alicante a cargo de la magistrada María Begoña Calvet Miró, auto que pasará a los anales de la historia jurídica como ejemplo de grandísima erudición y sapiencia.

Pero vayamos por partes.

No puede dejar de sorprendernos que ante la catarata sin fin de casos de corrupción aparecidos en el Partido Popular en los últimos años -con heroico protagonismo del PP valenciano- no hayamos podido escuchar ni una sola reflexión al respecto por parte de las dos cabezas visibles de la derecha alicantina, es decir, Luis José Barcala y Carlos Castillo, ambos concejales del Ayuntamiento de Alicante durante los años de masiva expansión de la corrupción popular municipal y autonómica y que en el caso de Carlos Castillo resulta su silencio aún más sorprendente si se tiene en cuenta que fue teniente de alcalde y mano derecha de Sonia Castedo sin que, al parecer, se enterase de los encuentros que se celebraron entre Castedo y Ortiz.

La táctica del Partido Popular de colocarse unas orejeras para no ver los escándalos de corrupción que les afecta, más allá de suponer una burda técnica de ocultamiento basada en que si no se habla de un tema tan grave como es el de la corrupción la avalancha de nuevas noticias que se producen todos los meses gracias a internet y su gran capacidad de generar boberías terminará por ocultar las gravísimas irregularidades protagonizadas por dirigentes actuales y pasados del Partido Popular, esconde además , decía, un deseo de adoctrinamiento de la sociedad valenciana en orden a crear un estado de cosas en el que el hecho de que un simple cambio de calles de índole fascista y franquista por otro de raigambre democrática sea visto como una afrenta por los herederos sociológicos del franquismo y como un acto recordatorio de la Guerra Civil española y, por tanto, aunque no se diga de manera clara por cobardía, como una manera de sacar réditos políticos avivando el fantasma de la división y las más oscuras partes del alma humana.

Por otro lado, el auto de la magistrada de lo contencioso administrativo que ha dado pie a que Alicante, como decía al principio, vuelva a estar en boca de toda España, llama la atención por su escasez de fundamentación jurídica y, sobre todo, por un aire general de poco preparado y menos reflexionado. Con independencia de que la decisión final haya sido la paralización temporal del cambio de nombres hasta que se resuelva el recurso del Partido Popular hubiésemos esperado en este escrito una decisión más estudiada desde un punto de vita cultural e histórico. En lugar de ello nos encontramos con una redacción insulsa que parece ha sido redactada por un estudiante de primero de Derecho. ¿De dónde ha sacado las dos sentencias del Tribunal Supremo que cita como jurisprudencia? ¿De Google? Ni siquiera tuvo la delicadeza de haber elegido una sentencia de TS que aludiera de pasada a la Ley de Memoria Histórica ni, por supuesto, a la necesaria reconciliación de la memoria de los españoles que debe pasar por la eliminación de simbología franquista de lugares públicos.

Todo lo expuesto aquí -me refiero al ninguneo del Partido Popular y de la magistrada- obedece a una manifiesta voluntad de desprecio de la memoria democrática de la II República, la de Manuel Azaña y la de las libertades, y por tanto a la recuperación de todos los cadáveres producto de la represión franquista que siguen ocupando media España.

A todo esto hay que añadir lo poco acertada que estuvo la gestión del Ayuntamiento en el cambio de los nombres. El hecho de que la gimnasta Estela Giménez se enterase de que la placa con su nombre había sido colgada por una fotografía que le envió un familiar o la performance que los familiares de las llamadas 27 constituyentes organizaron el día que se colocó la placa que las recordaba haciéndose fotografías como si se tratase de una reunión de colegiales imberbes y sin contar con la presencia de vecinos del barrio restó credibilidad a una modificación que debería haberse organizado como una reivindicación de la memoria de todos aquellos que se dejaron la vida luchando por la democracia y no como una ópera bufa. Si los concejales de izquierda de la actual corporación y algún que otro asesor municipal se hubiesen dejado asesorar por aquellos que llevan luchando desde hace años por la reivindicación de la memoria y las libertades en Alicante no seguiría habiendo una plaza dedicada a la División Azul.