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Obligados a reflexionar

Veinte años después, como si no hubiera pasado nada que diría Carlos Gardel, continúa la batalla de los municipios para la creación de un Fondo de Cooperación que inyecte liquidez a su gestión del «día a día». Una lucha que, desde luego, tiene más vigencia que nunca: la administración local es la más próxima a los problemas de los ciudadanos. No hablamos, en cualquier caso, de una cosa nueva. Los representantes de los principales partidos de la Comunidad ya firmaron la puesta en marcha de ese plan de financiación local en 1999, en un acuerdo de la Federación Valenciana de Municipios que también rubricó Eduardo Zaplana, instalado en el Palau de la Generalitat después de su primera victoria electoral. Posteriormente, también bajo mandato del PP pero con Francisco Camps en el Consell, la creación del Fondo de Cooperación, aunque sin presupuesto, se «blindó» en la reforma del Estatuto de Autonomía que pactó el entonces presidente de la Generalitat con los socialistas. Y todavía después, aún con el PP al mando, este instrumento para dar solvencia financiera a los municipios se incluyó en la reforma de la ley local valenciana. Durante casi dos décadas, los ejecutivos autonómicos del PP se fueron comprometiendo a esa dotación económica pero, en realidad, nunca cumplieron. Se saltaron el acuerdo del municipalismo valenciano, el Estatuto y una ley. Y ahora que se incluye en un presupuesto y con dinero es el propio PP -atrincherado en la Diputación de Alicante como principal centro de poder- el que en una autoenmienda a la totalidad de su propia gestión anterior se opone al proyecto. Aunque el equipo de gobierno popular en la corporación alicantina alega que inicialmente el fondo sólo era autonómico y que cuenta con un informe del Interventor que rechaza su participación aunque, en realidad, ese documento no entra en el fondo del asunto, lo cierto es que la decisión de César Sánchez -hombre dialogante y de buen talante, al que la presión de unos y otros fuerza a una pose de tipo duro que no le sale- tiene un trasfondo político: el engranaje de desgaste al Consell de izquierdas. Ni siquiera la Diputación de Castellón, la otra gran institución del PP, le ha seguido con el boicot. Pero vamos a lo importante: ese veto deja a los pueblos de Alicante con la mitad de dinero que los del resto de la Comunidad. Y eso merece una profunda reflexión.

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