Hace varias semanas, en esta misma columna de opinión, trasladaba la necesidad de que el Ayuntamiento de Alicante creara un observatorio económico. Tras esa opinión he recibido muchas opiniones y observaciones, las cuales siempre son de agradecer. En ese intercambio de opiniones ha habido una idea común y es que Alicante es una ciudad de gran potencial debido a su clima, localización, servicios y un largo etcétera, que la podría situar en una posición idónea para su proyección futura, sin embargo, en estos últimos años hemos comprobado como ciudades, con un potencial igual o menor que Alicante, han puesto rumbo a un desarrollo económico y social que deja a nuestra ciudad en una posición más relegada debido al desaprovechamiento de la manida capacidad que atesora. La diferencia entre esas ciudades y la nuestra es la conciliación entre la iniciativa privada y la pública, que ha permitido incrementar la competitividad y, por consiguiente, fomentar la actividad empresarial y la creación de puestos de trabajo. En cambio, en Alicante esta relación ha quedado reducida a la sospecha y desconfianza mutua, por diversos motivos que no se van a glosar en este momento.

Es momento que por parte del Ayuntamiento de Alicante se dé un paso decidido a establecer un espacio permanente de encuentro entre la institución y los sectores económicos y empresariales, completamente permeable a las necesidades públicas y las reivindicaciones empresariales, que favorezca el debate a fin de consensuar posiciones que puedan tornarse en decisiones políticas.

La iniciativa le corresponde al Ayuntamiento, en particular, al alcalde de Alicante, que debe convocar a las organizaciones empresariales y sectores económicos tanto tradicionales como aquellos que representen a las nuevas tendencias del mercado. Esa convocatoria debe tener carácter permanente, pues no sólo debe circunscribirse a trabajos puntuales o circunstancias concretas, sino que debe tener vocación de permanencia, pues el desafío económico es una constante y su velocidad obliga a una respuesta rápida. Para ello, los trabajos deben realizarse en mesas sectoriales, por un lado, y foros generales, por otro, al objeto de conseguir que se profundice en las posibilidades de confluencia de los intereses tanto públicos como privados. La permeabilidad a la iniciativa privada debe ser un rasgo principal de la actividad del Ayuntamiento, pues, de lo contrario se frenaría cualquier posibilidad de crecer como ciudad competitiva. Esa permeabilidad se concretaría a partir de las conclusiones de las mesas de trabajo. En efecto, una vez concluidos los trabajos de alguna mesa sectorial o foro, el alcalde debe cumplir su compromiso de trasladarlos a los ámbitos de decisión, sean cuales fuesen éstos, como son la Junta de Gobierno, el Pleno, pasando por el Consejo de Comercio, o por cualquier órgano al que corresponda su participación. Asimismo, hay conclusiones que, por su perspectiva a largo plazo, pueden trasladarse al Plan Estratégico de la ciudad de Alicante. La actividad de la convocatoria debe tener una traducción inmediata en la acción política del Ayuntamiento.

En definitiva, las instituciones públicas deben potenciar la actividad privada, pero no desde la intervención, sino escuchando a los interesados directos e inmediatos que escrutan el escenario económico para identificar las oportunidades que ofrece el mercado y, de esta manera, favorecer las posibilidades de que el fortalecimiento del tejido productivo sea real y efectivo. Alicante debe crear las condiciones idóneas para que la inversión privada posibilite su competitividad y atractivo, mejorando sustancialmente las condiciones de vida de sus habitantes.