A pesar de la enorme importancia que en nuestro país desempeñan, los municipios son considerados como instancias políticas de menor nivel del que les corresponde atendiendo a la relevancia de las funciones, competencias e intervenciones que llevan a cabo y tienen asignadas. Y es que las instituciones locales cuentan con un incuestionable protagonismo en la vida diaria de los ciudadanos, en el ejercicio democrático y el mantenimiento de un equilibrio de poderes entre diferentes administraciones, en la satisfacción de servicios y necesidades esenciales para la vida diaria, en su papel estructurante del territorio con un reconocimiento de sus particularidades, así como en otras muchas funciones que dan sentido a la convivencia, al desarrollo económico y la participación social.
Por el contrario, los diferentes cambios legislativos que se han venido dando desde el año 1978 y en particular tras la dañina «Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local» (Ley 27/2013) han erosionado la autonomía municipal, recortando su independencia así como los espacios democráticos y participativos al apostar por el carácter presidencialista de las alcaldías, mientras se ha relegado a los ayuntamientos, especialmente a los pequeños y medianos, a un papel cada vez más limitado como espacios administrativos subordinados al control del Estado y las comunidades autónomas para la prestación y privatización de servicios básicos pero con una financiación y unos recursos cada vez más menguados.
Precisamente, el modelo de financiación de nuestros ayuntamientos ha sido un elemento determinante en la configuración específica de las instituciones locales, alimentando la generación de espacios clientelares y de una corrupción capilar extendida a lo largo y ancho de muchos ayuntamientos de toda España. A veces resulta difícil exigir mayor y mejor financiación municipal cuando la malversación de fondos públicos, el neocaciquismo y las prácticas corruptas han tenido una presencia tan importante en tantos municipios, por lo que trabajar en su transparencia, honestidad y salud democrática tiene más significado del que se cree para fortalecer así un renovado proyecto municipalista. La financiación de los municipios desde los primeros inicios de la fiebre inmobiliaria de los años sesenta del siglo pasado se ha basado fundamentalmente en la reclasificación de suelo y en la construcción, alimentando de esta forma una gigantesca burbuja especulativa que ha puesto a las administraciones locales al servicio de los intereses económicos particulares de constructores y especuladores, alterando, deformando y dañando la morfología y la sostenibilidad misma de gran parte de nuestros municipios. Ahora vivimos los efectos de todo ello y costará décadas reconstruir equilibrios y recuperar tanto desorden y degradación urbana.
Pero las consecuencias del modelo político-especulador, tan ampliamente extendido en numerosos municipios, nos ha dejado un urbanismo depredador que los ha dañado en mayor o menor medida, deteriorando también la vecindad y su tejido social al desgarrar unos barrios cada vez más fragmentados y abandonados, convertidos en espacios subsidiarios de una expansión urbana insostenible. Los municipios deben de liderar un papel equilibrado en la estructuración territorial del Estado bajo el principio de la subsidariedad, lo que requiere de un ejercicio responsable de las competencias municipales, particularmente en materia de urbanismo, junto a un cambio del modelo de financiación municipal mediante un reparto equilibrado de recursos entre el Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos a través de una reforma de la Ley de Haciendas Locales que lleve a una transformación de los impuestos que forman parte de la financiación municipal y del sistema de transferencias del Estado y de las comunidades autónomas hacia los municipios.
El impulso del municipalismo exigirá avanzar en experiencias de desarrollo económico local que permitan el cambio de modelo productivo y comercial, reconstruyendo las relaciones de proximidad y mejorando la calidad de vida de los barrios y sus vecinos. Y para ello será también importante explorar formas nuevas de consumo, emergentes economías colaborativas, la extensión del uso de energías renovables, novedosas formas de movilidad y vida social. Pero los municipios deben desarrollar también elementos como el bien común, la construcción de ciudadanía, el disfrute de nuestros barrios, el apoyo mutuo, las redes de solidaridad, la moral colectiva, el civismo y las prácticas de buena vecindad que deben de recuperarse e impulsarse como elementos básicos de nuestra convivencia más próxima, debiendo tomar cuerpo en nuestras localidades así como en la agenda política, social y vecinal. Resulta significativo que alcaldes y partidos en los ayuntamientos valoren más las farolas que instalan, los túneles que construyen o los edificios que inauguran que la convivencia, la solidaridad y la cohesión social de sus vecinos.
Tenemos que tomar conciencia de que una parte nada despreciable de nuestro bienestar y felicidad depende directamente de lo que hagan o dejen de hacer los ayuntamientos en los que vivimos y a los que pertenecemos. Por eso es tan importante que comprendamos que una parte importante de cómo vivimos y cómo viviremos pasa ineludiblemente por ellos, algo que exige dar un impulso a un renovado municipalismo.
@carlosgomezgil
