Desde distintos sectores gubernamentales se sostiene que la economía de nuestro país está mejorando sustancialmente y que el PIB alcanza cifras que invitan a ser optimistas. Esta afirmación es acompañada con las cifras de paro, que han mantenido una disminución prácticamente constante desde que se inició la supuesta recuperación. Pero la situación está lejos de mejorar. España se ha convertido en un entramado de ineficiencia burocrática, endeudada y de baja competitividad.

Si la crisis podría haber concienciado para acometer reformas de fondo, para lo único que ha servido, en cambio, es para devaluar los costes laborales y generar una ensoñación de mejora de la competitividad. Si a esta fragilidad de nuestro tejido productivo le suman la presión fiscal y la anquilosante burocracia tienen el cóctel perfecto para que España se configure como un país en desarrollo.

España no dispone de sectores económicos que permitan hacernos creer en el fortalecimiento de nuestra economía, por ello no podemos desistir del análisis y de la adopción de medidas para incrementar la productividad y competitividad de nuestras empresas; empero, existe una inquietante dejación que da por válida la devaluación interna como motor económico.

La empresa es uno de los pilares fundamentales para que nuestra economía gire definitivamente hacia un crecimiento vigoroso y sostenible socialmente. Si bien, han sido objeto de todas las iras debido a que nuestra reciente legislación se ha limitado a poner en manos de las empresas, como única vía para solucionar la escandalosa reducción de su cifra de negocios, determinados mecanismos laborales a fin de reducir sus costes, lo que ha estrangulado aún más nuestra economía doméstica. Pero las empresas han sido, y siguen siendo, víctimas de la ineficiencia de nuestra legislación económica debido a la carga fiscal que soportan y las trabas administrativas a las que deben hacer frente. Tanto es así, que da la sensación de que en el ámbito empresarial se ha impuesto la presunción de culpabilidad, señalando a las empresas como sujetos responsables de los males que nos acechan, incluso dirigiendo hacia ellas acusaciones que no son ciertas. Un claro ejemplo es el mantra que repite hasta la saciedad el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, haciendo creer que la fiscalidad a las empresas de nuestro país es más baja que la media europea. No es verdad. Que la recaudación esté por debajo de la media europea no es por culpa del tipo impositivo, que ya de por sí es alto, sino de la base imponible. Para recaudar más hay que crecer más, no subir los impuestos. Las empresas españolas, según datos de Eurostat, sufren una carga del 50% sobre sus ingresos, lo que empece la inversión y mejora de la productividad. Es cierto que hay países de Europa, pocos, cuyas empresas pagan más, pero su capacidad no es equiparable a la media de las empresas españolas. En definitiva, la presión fiscal en España, unida al endeudamiento, impide que las empresas puedan invertir en I+D+i, imposibilitando que mejoren sustancialmente su productividad, lo cual condena la economía de nuestro país. Las medidas deberían ir en facilitar la productividad, en lugar de crear un país devaluado y excesivamente expuesto en el entorno global.

Pero la carga fiscal no es la única dificultad que debe afrontar el tejido empresarial español, pues hay un obstáculo que, de manera silenciosa, destruye cualquier perspectiva de dinamismo de nuestra economía, este es la Administración pública. La legislación administrativa ha creado un ente deshumanizado que, a pesar de los funcionarios públicos, que siguen siendo de los más capacitados de Europa, ha convertido el binomio administración-administrado en una balanza en el que uno siempre pierde, y no es la administración. Si esa relación la llevamos al ámbito de la empresa, en el que los factores para competir en el ámbito global son la agilidad e inmediatez, entenderán que a las empresas españolas les cueste estar en mejores condiciones que las de otros países.

En conclusión, la economía depende de su dinamismo y las empresas son el sujeto llamado a vehicular el crecimiento económico, socialmente responsable.