La ejecución de la sentencia judicial que condena a prisión a la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez está centrando las cuitas en corrillos, conversaciones de bar y redes sociales con comentarios y discusiones encendidas. Hay quien cree que por el hecho de depositar una fianza se va a conmutar la pena y no se va a producir el ingreso en prisión. Nada más lejos de la realidad. La imposición de esa medida únicamente tiene como objeto garantizar que los condenados no van a huir de la acción de la Justicia y que mientras se sustancian los recursos planteados ante el Supremo no van a fugarse. Ahora bien, si las resoluciones del Alto Tribunal a los recursos planteados no casan los pronunciamientos judiciales ahora emitidos, se tendrá que producir inexorablemente el ingreso en el centro penitenciario correspondiente. Es una huida hacia adelante en un intento a la desesperada de ganar tiempo al tiempo y de confiar su suerte a un nueva sentencia que posibilite esquivar la reclusión. Queda, sin sentido, la confusión que se produce en la opinión pública al considerar que la garantía económica prestada ante el órgano sentenciador sustituye a la pena impuesta. Hay voces críticas que consideran que si en el mismo caso hay condenados que han ingresado en prisión, por qué hay otros que no lo hacen. Es cierto que las consideraciones de los magistrados que adoptan las decisiones tienen en cuenta las especiales circunstancias de cada caso, de cada persona y de cada situación. La imagen de la que fuera exalcaldesa de Novelda y también expresidenta de las Cortes llegando al Tribunal para conocer su suerte inmediata era suficientemente ilustrativa de su estado. Sobre todo con los antecedentes de otros sentenciados que días antes habían visto cómo el tribunal había decretado su ingreso en prisión. Pero esas desiguales decisiones encienden llamas en la oratoria popular que piensa que cuesta mucho más de lo que parece que un condenado por corrupción entre en la cárcel. Quizás olvidándose de que políticos de todos los bandos están y han estado entre barrotes tras la acción de la Justicia, que lenta, pero inexorablemente, lleva combatiendo desde hace años la plaga de corrupción que inundó este país y que asoló las creencias democráticas que tras la Transición habían calado en la sociedad española.
