La habilidad política y una innegable capacidad de trabajo para fiscalizar el día a día de la gestión del PP le han permitido al grupo de Compromís en la Diputación, encabezado por Gerard Fullana junto a José Manuel Penalva y Lluís Pastor, volver a dibujar el retrato de una época -el periodo que va entre 2004 cuando Francisco Camps se asienta en la Generalitat y Joaquín Ripoll en la Diputación de Alicante hasta el estallido de Gürtel en febrero de 2009- marcada por el desmadre en la administración y el descontrol en el manejo de los fondos públicos. La denuncia de los representantes de Compromís destapa un presunto fraude de 3,2 millones en los contratos del Patronato de Turismo de la Diputación. Plasma de nuevo la foto fija de un momento en el que el mandato del PP en las principales instituciones de la Comunidad le permitía hacer y deshacer a su antojo con mayorías aplastantes; en el que, a su vez, se libraba una batalla campal entre los mencionados Camps y Ripoll por el mando del partido; y en el que había empresas que campaban a sus anchas para conseguir suculentas adjudicaciones públicas a través de relaciones privilegiadas con cargos políticos y con procedimientos, desde luego, nada transparentes. La historia no es nueva. Los últimos años de gobierno del PP en casi todas las administraciones de la Comunidad se convirtieron en un «vía crucis» de denuncias por corrupción y de visitas a los juzgados, muchas resueltas ahora como la pieza de Gürtel que ha confirmado el amaño durante ese lustro -2004 a 2009- de las adjudicaciones de Turismo a la trama de Francisco Correa y El Bigotes con Milagrosa Martínez al mando de la conselleria y Camps en el Palau de la Generalitat. El relato factura a factura de los diputados de Compromís -setenta documentos- evidencia que esa batalla interna del PP no sólo era por controlar el partido. También se jugaba entre las empresas que se quedaban con las adjudicaciones públicas. Así, mientras la política turística del Consell se diseñaba con Orange Market, la franquicia valenciana de la trama Gürtel, en la provincia, en aquella época y conforme a los datos de Compromís, la «tajada» de Fitur -troceada en mil y un pedazos para burlar la ley como con la Gürtel- se adjudicaba a Los Molinos, firma que trabajaba con el Ayuntamiento de Orihuela -investigación pendiente de juicio- y con la Diputación, controladas por los afines a Ripoll y en las que Camps ni entraba. Era una guerra por el mando político, desde luego. Pero también por el reparto de dinero público en grandes contratos.
