on la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana sobre la rama valenciana de la trama Gürtel volvemos a recordar la catarata judicial por causas relacionadas con la corrupción a la que el Partido Popular se va a tener que enfrentar durante los próximos -como mínimo- diez o doce años. Hay que subrayar antes de nada -en relación a esta pieza separada del gran caso Gürtel que finalmente ha podido ser juzgada- que con esta sentencia se da como buena la instrucción llevada a cabo en su día por el juez Baltasar Garzón, durante años sometido a una caza mediática llevada a cabo por los cabecillas gürtelianos, la mayor parte de la cúpula del partido así como los habituales medios de comunicación afines al Partido Popular que se inventaron rocambolescas teorías de la conspiración para justificar lo que finalmente el TSJ ha condenado.
Tras la confesión de un grupo de empresarios se ha constatado y acreditado que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana urdió en compañía de unos cuantos caraduras un sistema por el cual se les pagaba cantidades desorbitantes por trabajos para el propio partido -con cargo a los presupuestos de la Comunidad Valenciana- de las cuales una parte iban para el PP y otra se la quedaban estos ejemplares empresarios. No se le ocurrió decir otra cosa a Vicente Boluda -presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios- que la financiación irregular del PP podía haber ocurrido en cualquier otro partido político y en cualquier otra Comunidad Autónoma, poniendo en marcha el ventilador de la corrupción que tan bien sabe emplear la derecha española.
Hoy por hoy el Partido popular resume todas las formas posibles de corrupción habidas y por haber. Quizá dentro de varias décadas sea otro partido político el que tome la delantera en temas de corrupción pero hasta que ese día llegue el PP lleva bien alta la antorcha de la vergüenza.
Ante la sentencia del TSJ vuelve el Partido Popular a practicar el cinismo político por dos motivos. Por un lado, Mariano Rajoy repitió aquella frase tan graciosa que suele decir cuando los tribunales de justicia tumban argumentos repetidos durante años por el PP, es decir, que lo de Gürtel «sucedió hace muchísimos años» olvidando Rajoy que en la época en que los cabecillas de Gürtel campaban a sus anchas por los despachos de Génova 13 fue el responsable de organizar varias campañas electorales. Por otro lado, se queja el Partido Popular de la tardanza de la justicia y de que se estén enjuiciando ahora hechos que ocurrieron hace más de diez años como si por el hecho de haber transcurrido el tiempo su responsabilidad fuera menor. No hace falta que recordemos que buena parte de la culpa del retraso de la justicia en enjuiciar los casos de corrupción que afectan al PP ha sido precisamente por la actitud del propio Partido Popular mediante dos maneras distintas . La primera de ellas al poner todas las trabas posibles a los tribunales que han pretendido investigar la actuación del PP en asuntos conflictivos retrasando todo lo posible cualquier tipo de actuación procesal en este sentido. De ello sabía mucho Federico Trillo, especialista en el entorpecimiento de la acción de la justicia utilizando de manera torticera el garantista sistema penal español. Llegó a ser tan escandalosa la actitud del Partido Popular que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz le expulsó de la investigación de la pieza principal del caso Gürtel, situación excepcional y escandalosa que los dirigentes populares asumieron con gran desparpajo.
La segunda forma se refiere a la tradicional actitud del Partido Popular ante cualquier investigación judicial sobre un nuevo caso de corrupción. En primer lugar, negando cualquier posibilidad de veracidad, por mucho que las pruebas sean de clara contundencia.
Después, acusando a la policía -cuando gobernaba el PSOE- de estar al servicio del ministro de interior socialista o de justicia, insinuando que todo es un complot socialista y dando pábulo a todas esas ridículas teorías que surgen de vez en cuando en la derecha mediática española y cuyo punto más álgido fue la teoría de la conspiración del 11M. En tercer lugar, cuando a pesar de poner todas las trabas posibles a las investigaciones judiciales -no hay que olvidar que su sede de la calle Génova de Madrid llegó a ser objeto de registro por parte de la policía- se dicta sentencia condenatoria que demuestra la corrupción en el seno de los dirigentes nacionales o de alguna Comunidad Autónoma, el propio Mariano Rajoy hace su consabida declaración de que «aquello sucedió hace muchísimo tiempo».
Nos hubiera gustado escuchar alguna declaración de José Luis Barcala -portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alicante - o de Carlos Castillo -vicepresidente y portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Alicante- sobre la sentencia del TSJ o sobre la confesión de varios empresarios admitiendo que financiaron ilegalmente a su partido. Se ve que están muy atareados con el cambio de nombres de calles franquistas. Ánimo chicos.
