El foco le apuntaba desde el primer día, únicamente era cuestión de tiempo, el que precisaba la Policía para recopilar pruebas o hacer constar el menor despiste. No hay crimen perfecto, así que Rafael Escobedo, aquel jovenzuelo malcriado de rostro angelical, un niño bien de la calle Serrano nacido en el seno de una familia burguesa madrileña y marido de Míriam de la Sierra, hija de los marqueses de Urquijo, acabó con sus huesos en el penal del Dueso hasta que decidió acabar con su vida tras ser señalado como autor (solo o en compañía de otros) del crimen de sus suegros. Aquello ocurrió a principios de los ochenta en un chalet de Somosaguas, la lujosa urbanización donde residía el matrimonio de rancio abolengo, cuya muerte conmocionó a la España de la época. Ocho meses tardó entonces José Romero Tamaral, inspector del caso, en esposar a Escobedo, medio año más que Alfonso Cid, comisario de Alicante, que la misma noche en que hallaron muerta a María del Carmen Martínez, viuda de Vicente Sala, vaticinó a sus íntimos un par de meses para desbrozar el sendero del delito. La expectación levantada y aumentada hasta el infinito por la vertiente morbosa que siempre despierta la muerte violenta de un miembro de la denominada alta sociedad, el hecho de que desde el inicio de la investigación se señale con el dedo acusador al yerno, la coincidencia de que los sospechosos compartieran afición por el tiro olímpico y la contaminación del escenario del crimen dificultando el hallazgo de pruebas incriminatorias, colorea con similares trazos ambos cuadros sombríos, separados en el calendario por 36 años. En los 80, la confesión de Escobedo tras derrumbarse en comisaría al ver por un cristal polarizado a su padre esposado (disuasoria e intencionada maniobra de la policía) allanó el camino para dar carpetazo al asunto de la mansión de Somosaguas. En el 'caso Sala', no obstante, el principal sospechoso, Miguel López, se ha declarado inocente, lo que ha generado, tras su ingreso en prisión, un debate acerca de si los indicios reflejados en el auto son o no suficientes para meterlo entre rejas. En esa línea, los defensores del in dubio pro reo vaticinan el corto recorrido de una decisión que, atendiendo a las pruebas presentadas (mala relación personal, lugar del asesinato, etc.), no servirá para anular el recurso que la defensa presentará en la Audiencia pidiendo la libertad de su cliente. Mientras, en la orilla opuesta se justifica el ingreso del sospechoso en Fontcalent por la gravedad del delito y la esperanza o deseo de que la reclusión le conduzca a reconsiderar su declaración de inocencia. Al fondo, queda a la espera un juicio con un jurado popular que llegará a la sala conociendo muchos detalles. Y tan mediático como el de los Urquijo.
