El nada sospechoso informe de Davos, relativo a los riesgos globales, ha apuntado que la desigualdad económica, junto con la polarización social y la conservación de la naturaleza, son las principales amenazas para la estabilidad global.
Desafortunadamente, desde el inicio de lo que podemos denominar la era neoliberal, con la llegada al poder de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, y el establecimiento del Consenso de Whashington, el FMI cometió el grave error de pensar que «su modelo» servía para todos, ignorando las características singulares de cada país, formalizando sus prescripciones de política económica considerando que la distribución de los beneficios del crecimiento era una cuestión de segundo orden, porque, en el peor de los casos, los pobres también se beneficiarían de un mayor crecimiento por el efecto «gota a gota».
Mucho tiempo después, con el nombramiento de Olivier Blanchard como economista jefe del FMI, las cosas empezaron a cambiar, iniciando un nuevo enfoque de la investigación de este organismo multilateral, cuyos resultados han empezado a desafiar las recomendaciones de las políticas ortodoxas que apoyaba anteriormente. Las recientes investigaciones de los economistas del FMI han dado lugar a fuertes argumentos que vinculan la desigualdad de la renta, el endeudamiento del sector privado y la inestabilidad financiera y macroeconómica. En otros términos: la desigualdad extrema que vivimos, no sólo pone en peligro cuestiones tan básicas como la igualdad de oportunidades frente a la educación o la salud, sino que opera como un freno para el crecimiento económico a largo plazo, como consecuencia de una menor acumulación de capital humano y a un mayor nivel de inestabilidad financiera, por el incremento del endeudamiento, tal y como se ha constatado sobradamente con la explosión de la crisis de 2007-2008.
Este nuevo enfoque del FMI aboga por una reducción en la desigual distribución de la renta y de la riqueza, implicando un cambio en su posición para las futuras renegociaciones de la deuda, de lo que su postura para aliviar la deuda de Grecia es una prueba relevante.
Como un preámbulo a la celebración del Foro de Davos 2017, Oxfam ha presentado su informe relativo a la desigualdad en 2016 («Una economía para el 99 por ciento»), en el que denuncia que el pasado año continuó aumentando la desigualdad extrema: «la concentración de la riqueza en el mundo se ha agudizado en el último año, amenazando la estabilidad y el crecimiento». Algunos de sus reveladores datos son, de por sí, concluyentes: el 1 por ciento más rico de la población mundial posee más riqueza que el resto del planeta; tan sólo ocho personas -por cierto todas ellas hombres- poseen la misma riqueza que la mitad de toda la humanidad. Y es que el crecimiento económico solamente está beneficiando a los que ya tenían más, agudizando la desigualdad y amenazando la estabilidad macroeconómica.
Esta ONG denuncia que cualquier director general de una empresa incluida en el índice «Financial Times Stock Exchange» (FTSE 100) gana en un año lo mismo que 10.000 trabajadores de las fábricas textiles de Bangladesh, o bien que los ingresos del 50 por ciento más pobre de la población de EE UU ha visto congelados sus ingresos en los últimos 30 años, mientras que la renta del 1 por ciento más rico ha aumentado un 300 por cien.
Podemos escuchar que las diferencias en los ingresos y en la riqueza que procedan de una capacidad y unos esfuerzos igualmente distintos, están plenamente justificadas. No discutiré esa filosofía. Pero sí me pregunto si es factible que una persona pueda ser 100 millones de veces más productiva que otra, capaz y formada; y esta es una diferencia que hoy, lamentable pero realmente, se da. Esto es, las desigualdades que observamos son totalmente desproporcionadas respecto a las diferencias en los esfuerzos y en las capacidades.
Existen modelos teóricos que muestran que si partimos de una sociedad imaginaria, totalmente igualitaria, en la que, además, todas las personas tuvieran idénticas capacidades y realizaran los mismos esfuerzos, con el tiempo la distribución de la riqueza se iría haciendo progresivamente más desigual, como resultado de las diferentes aversiones al riesgo de las personas. Además, también se ha demostrado que existe una tendencia general a que la desigualdad aumente a medida que crece el potencial económico de un país.
El problema es que la desigualdad, en gran medida, es un fallo del mercado, que como otros, debe ser corregido. Precisamente eso justifica la redistribución a través de medidas políticas.
Si nos fijamos en las diferentes distribuciones de la renta y de la riqueza entre los países de un club tan selecto como el de la OCDE, veremos que existe un amplio abanico, aun cuando sus estructuras económicas y sociales son tremendamente similares; eso permite deducir que las diferencias que observamos tienen un origen político. Y es que las políticas económicas sí que importan.
Ni que decir tiene que la eficiencia también importa, y mucho. Pero es posible combinar una disminución de la desigualdad con la eficiencia, desplegando un conjunto de herramientas de la política fiscal, mediante ingresos y gastos, capaces de igualar las oportunidades. No hay reglas a priori, pero sí podemos establecer el objetivo de mantener las desigualdades dentro de unos límites razonables, y ajustar constantemente las políticas a la consecución de tal objetivo.
Los datos que aporta Oxfam, para el caso de España, no son más alentadores: las tres personas más pudientes acumulan la misma riqueza que el 30 por ciento más pobre, representado por 14,2 millones de personas. Según esta organización, «los resultados de la reactivación económica parecen beneficiar sólo a una minoría, mientras que la desigualdad se cronifica e intensifica», haciendo que España sea el segunda país de la UE, tras Chipre, donde más ha crecido la desigualdad de la renta. El crecimiento de la desigualdad en España es «20 veces más que el promedio europeo»; mientras el índice de Gini aumentó un 15,6 por ciento, en la UE, como media, lo hizo tan solo un 0,8 por ciento.
Quien considere que la visión de la ONG está sesgada, que lea detenidamente las conclusiones de la encuesta financiera de las familias, realizada por el Banco de España, del que, espero, nadie tenga dudas ideológicas. A lo anterior, aporta un dato adicional: entre todos los perdedores, nuestros jóvenes son los que más están pagando las consecuencias de esta crisis de la que no somos capaces de librarnos.
Oxfam proclama que acabar con la crisis de desigualdad extrema en España requerirá un giro definitivo de la política económica y abordar una auténtica reforma fiscal. Que así sea.
