Recientemente, la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional ha reunido a trece prestigiosos economistas mundiales y grandes especialistas en desarrollo, incluyendo al Premio Nobel Joseph Stiglitz y a cuatro economistas jefe del Banco Mundial, para analizar los mayores desafíos del desarrollo a los que se enfrenta la humanidad y las opciones más destacables para su logro. Todo ello ha sido recogido en la llamada «Declaración de Estocolmo», donde se identifican algunos principios básicos a impulsar en las políticas nacionales en medio de un escenario global repleto de incertidumbres. Reunir a prestigiosos especialistas para que reflexionen sobre problemas y desafíos contemporáneos es algo poco frecuente por estas tierras, donde se valora más la opinión de cualquier futbolista o personaje del corazón que de académicos e investigadores. Sin embargo, en países anglosajones es utilizado para debatir y explorar caminos novedosos ante los desafíos globales, con un notable éxito. El equipo de prestigiosos profesores considera que se debe aprender de los éxitos y errores del pasado, así como de la teoría económica y de los análisis estadísticos acumulados durante décadas, para formular políticas acertadas y respetuosas, en lugar de aplicar medidas fracasadas y de consecuencias devastadoras, como se viene haciendo en numerosos países.

La Declaración hace hincapié en la importancia de impulsar políticas que aborden la reducción de las desigualdades, como uno de los grandes retos mundiales que contribuye al debilitamiento de la democracia. El grupo de eminentes académicos sostiene que las políticas nacionales de crecimiento gradual que se vienen aplicando en las que el Estado tiene un papel muy secundario, dejando a las sociedades en manos del mercado a las sociedades, no son sostenibles y están generando profundos desequilibrios sociales de consecuencias inciertas para el futuro. Los especialistas subrayan que la extensión de los mercados financieros sin restricciones del último cuarto de siglo explica en buena medida la crisis financiera de 2008 y los elevados niveles de desigualdad que se han alcanzado en todo el mundo, poniendo en riesgo la cohesión social y el progreso económico.

Es por ello por lo que consideran que el crecimiento del PIB no puede ser en ningún caso un fin en sí mismo, sino el medio que genere los recursos necesarios para que la sociedad pueda tener una mejor educación, salud, empleo y bienestar. De esta forma, siendo necesario alcanzar un aumento del PIB en los países como medio para avanzar en los objetivos de desarrollo social, debe ir acompañado más que nunca de una combinación de enfoques e intervenciones dirigidas hacia los sectores más vulnerables, priorizando un desarrollo social y económicamente inclusivo. Y para alcanzarlo, el grupo de economistas considera necesario eliminar leyes y normas que dañen a los trabajadores y a los más pobres, atendiendo también al impacto de la tecnología y la robotización sobre el avance de la desigualdad y la destrucción de empleo, algo a lo que no se ha prestado suficiente atención hasta la fecha.

Entre los puntos analizados se encuentran la degradación ambiental y el cambio climático como objetivos centrales de las políticas públicas para detener la amenaza que suponen para el planeta, evitando al mismo tiempo inseguridad y conflictos que están multiplicándose. Los académicos defienden que la importancia de estos problemas es de tal naturaleza que no pueden dejarse en manos del mercado, sino que tienen que afrontarse desde los Estados de forma coordinada, lejos de como se está haciendo ahora.

En la Declaración de Estocolmo se enfatizan las cinco perspectivas centrales de la cooperación sueca para el desarrollo que han sido identificadas como prioritarias para este país, que por orden de importancia son: la erradicación de la pobreza, la protección de los derechos humanos, las políticas de igualdad de género, la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático y la eliminación de conflictos, lo que confirma la importancia de estos ejes como desafíos subyacentes al desarrollo. Esta es una perspectiva novedosa e interesante que deberían seguir países como España, uno de los últimos donantes mundiales en materia de ayuda al desarrollo que, sin embargo, dice impulsar y trabajar en los 17 objetivos, 169 metas y 230 indicadores que forman parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por Naciones Unidas hasta el año 2030. Por el contrario, países con muchos más recursos y experiencia en estas materias, como Suecia, Dinamarca o Noruega, consideran que deben elegirse y priorizarse unos pocos objetivos esenciales que contribuyan de manera efectiva a la reducción de la pobreza en el mundo, pero llevándolos a cabo hasta sus últimas consecuencias.

El documento apuesta por encontrar un equilibrio entre el estado, el mercado y la sociedad, reforzando el trabajo conjunto entre los diferentes países para lograr un mundo de prosperidad compartida, una visión que no parece encajar con las políticas egoístas y proteccionistas que gobiernos de diferentes países empiezan a impulsar sin miramientos.

@carlosgomezgil