Recientemente, señalaba con acierto Josefina Bueno, Directora General de Universidades de la Generalitat Valenciana, que si el caso del rector acusado de plagio queda impune «será por culpa de la mediocridad de las personas que le rodean, que son cómplices del plagio, un hecho reprobable», añadiendo que «es un mal ejemplo que cuestiona y daña la institución universitaria». La profesora Bueno ha sido de las pocas responsables institucionales en toda España que ha tenido una posición pública, clara, firme y nítida en este lamentable caso, alertando del daño que hace sobre la universidad en su conjunto. Josefina siempre ha sido una persona tan comprometida como trabajadora y no sorprende que con su trayectoria y experiencia sea capaz de percibir la profunda erosión que produce a una universidad en crisis el hecho de que el rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid haya sido acusado indubitadamente de copiar literalmente decenas de páginas a una veintena de profesores e investigadores en doce publicaciones distintas.
Frente a estas atinadas reflexiones de la profesora Bueno, el silencio prácticamente generalizado de la comunidad académica y de instituciones universitarias, cuando no el encendido apoyo que la práctica totalidad de los cincuenta componentes del Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos ha dado al Rector, con recogida de firmas incluida, evidencia que la universidad en España ha ido acumulando problemas muy serios que no pasan exclusivamente por la falta de recursos y los recortes que sobre ella se han ido aplicando. La dignidad universitaria, el respeto a la legalidad, el valor del esfuerzo, del mérito y la capacidad docente e investigadora y la lucha contra la endogamia y el favoritismo son elementos imprescindibles que no necesitan dinero sino responsabilidad, un valor también en crisis en nuestra sociedad y algo de lo que tienen que dar particular ejemplo quienes más responsabilidades tienen, como sucede con el rector de una universidad.
En los últimos años las prácticas de plagio se han convertido en una preocupación en el mundo universitario, a la vista de su extensión, debido a la facilidad que proporcionan las herramientas informáticas y las nuevas tecnologías. Todo ello se ve agravado, en el caso de España, por la existencia de una cierta imprecisión en las responsabilidades difusas y las consecuencias escasamente delimitadas que ello genera. Sin embargo, resulta llamativo que para los estudiantes se haya desarrollado una normativa mucho más precisa de la que afecta, por ejemplo, al rector acusado de estas prácticas, quien se ha justificado diciendo que son simples «disfunciones» porque «es humano», algo que podrían compartir, sin ir más lejos, buena parte de los presos de nuestras cárceles.
La legislación española recoge de forma amplia y pormenorizada tanto la protección intelectual y los derechos que tienen los autores, como las sanciones penales y civiles a las conductas que vulneren todos estos derechos. Pero por encima de ello, los trabajos académicos y científicos deben respetar escrupulosamente unas pautas éticas que traten adecuadamente las publicaciones de otros autores, dando así rigor a las obras que se realizan y honestidad a las investigaciones llevadas a cabo.
Para los estudiantes se ha elaborado una amplia normativa que se aplica con frecuencia. Así, el Estatuto del Estudiante Universitario, recogido en el R.D. 791/2010, reconoce la protección intelectual de los trabajos académicos realizados por los estudiantes universitarios y la obligación de éstos de abstenerse en utilizar procedimientos fraudulentos en todos aquellos trabajos que realicen. Derechos y obligaciones por parte de los estudiantes en la realización de sus trabajos académicos que deben ser respetados de forma simultánea, de esta forma cualquier práctica fraudulenta mediante el plagio, algo que afecta particularmente a los Trabajos de Fin de Grado (TFG), a los Trabajos de Fin de Máster (TFM) y con particular énfasis a las Tesis Doctorales. Hasta tal punto que en las normativas universitarias se recoge de forma taxativa que la detección de plagio determinará la calificación automática de suspenso en el alumno que lo haya realizado, sin perjuicio de las medidas disciplinarias o de otro tipo a las que hubiera lugar. Y para ello, en la práctica totalidad de las universidades se nos ha dotado a los profesores de herramientas técnicas para poder examinar los trabajos de los alumnos y verificar que no haya fraude.
A los estudiantes se les traslada con insistencia la necesidad de trabajar con honestidad y rigor, como un componente ético imprescindible de su aprendizaje. Por ello, los profesores explicamos con insistencia lo que es el plagio, qué significa, cómo se comete y de qué forma se evita, aunque estas últimas semanas, cuando algunos profesores hemos trabajado este tema, hemos tenido que contestar como podíamos a quienes nos preguntaban por qué éramos tan exigentes con ellos cuando existían casos brutales, como el del rector de la URJC, que no tenían consecuencias. Cuando tantas instituciones en España han demostrado sus limitaciones y deficiencias, la sociedad espera que la Universidad encarne una altura moral y una dignidad que este caso de dañino plagio rectoral erosionan.
@carlosgomezgil
