Sirva el título de la célebre novela de Emily Brontë para calificar lo escenificado en la cumbre de presidentes autonómicos celebrada esta semana.
La Conferencia de Presidentes Autonómicos nació en el año 2004 con la finalidad de impulsar la cooperación entre el gobierno, las comunidades autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía. No obstante, la última reunión tuvo lugar hace casi un lustro, en octubre de 2012, y ahora se pretende superar esa inactividad, garantizando su funcionamiento continuado y eficaz, así como evaluar y ejecutar los acuerdos adoptados. Efectivamente, en la sesión del pasado martes, se modificó el reglamento para incluir una celebración anual y el seguimiento semestral de los compromisos asumidos.
Casi al amanecer, sobre la alfombra roja desplegada a la entrada del Senado para recibir a los presidentes, todos se afanaron por mostrarse cordiales. La foto de familia le proporcionó al gobierno la prueba de su novedosa propensión al diálogo.
La clamorosa ausencia de los presidentes Urkullu y Puigdemont, tanto monta, deslució la reunión. Con su deserción se atestiguó, por si cabía alguna duda, que no reconocen la Conferencia de Presidentes Autonómicos como foro idóneo donde expresar ideas y pretensiones. «Nos hemos ganado el derecho a ser tratados de manera bilateral», espetó displicente Puigdemont. Urkullu también reclamaba una relación de este tipo, al tiempo que justificaba su inasistencia por no estar en el orden del día «el modelo de estado territorial».
Al final, ambos presidentes brillaron por su ausencia. «Han desperdiciado la oportunidad para escuchar y ser escuchados»; acudir no les haría «menos nacionalistas», decía Núñez Feijóo. Fernández Vara también lamentaba esas «importantes ausencias». Para Rajoy resultaron «incomprensibles». Sin embargo la explicación ya estaba dada y era fácilmente inteligible: la Conferencia de Presidentes no era la sede adecuada para tratar sus asuntos en pie de igualdad con el resto de presidentes autonómicos que no son sus homólogos, sino advenedizos de segunda clase. Nada de pactos multilaterales. La ausencia solo fue el culmen de la desafección.
El presidente del gobierno afirmó rotundamente que las ausencias no bloquearán los pactos alcanzados.
Después de largas horas de reunión, se alcanzaron once acuerdos que sentaban las bases para la colaboración en cuestiones diversas: políticas de empleo, protección civil, estrategia nacional frente al reto demográfico, pacto social y político por la educación, desarrollo y aplicación de la ley de garantía de la unidad de mercado, administración digital y empleo público, tarjeta social, protección al consumidor de energía eléctrica, participación en los asuntos de la Unión Europea, pacto contra la violencia de género y reforma de la financiación autonómica y sostenibilidad del estado del bienestar. Este último compromiso fue el más controvertido.
Había unanimidad en la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica, y en que se debe garantizar una financiación suficiente de acuerdo con los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia y corresponsabilidad fiscal. Es un loable desiderátum de difícil realización.
No obstante, es importante que se haya fijado un calendario: el pacto ha de alcanzarse en este año. En el plazo de un mes, se constituirá una comisión de expertos que iniciará su trabajo de inmediato.
Al parecer, hubo una opinión mayoritaria acerca de la conveniencia de avanzar en la «armonización fiscal», dada la actual disparidad en los impuestos de patrimonio y de sucesiones y donaciones.
Susana Díaz acusó a la Comunidad de Madrid de ser un «paraíso fiscal» y reclamó que se estableciera un «máximo» y un «mínimo» porque tales impuestos gravan «la riqueza». «Mejor paraíso que infierno fiscal», respondió Cristina Cifuentes.
No deja de ser sorprendente que las comunidades autónomas reclamen una regulación estatal para «armonizar» los tributos ya que ello implica cierta negación de su autonomía fiscal, además de suponer, sin lugar a duda, una igualación al alza de los impuestos.
Por otra parte, Ximo Puig aprovechó la ocasión para incidir en el «problema valenciano», explicar el agravio de la infrafinanciación y reclamar la eficacia retroactiva del nuevo modelo.
Nos dijeron que el clima de la Conferencia había sido cálido, pero la gélida sonrisa de algunos contradecía tal afirmación. Como se había pronosticado, fue una cumbre borrascosa, y no será la última, dado que se ha impuesto una convocatoria anual. Son muchos los interrogantes que quedan en el aire: ¿Se sobrepondrán al duelo por la desafección los presidentes dispares? ¿Se alcanzará un acuerdo sobre el modelo de financiación autonómica? Después de la tempestad de ese debate, ¿vendrá la calma?
Tal vez la reiterada advertencia del descenso de la recaudación en estos últimos años sea una velada amenaza al contribuyente, suficientemente esquilmado; sea como fuere, otra subida de impuestos so pretexto de hacer viable la financiación y «reforzar» el estado del bienestar sería la culminación del despropósito.
Es conocido que las cumbres ejercen un insuperable poder de atracción sobre las perturbaciones.
Negros nubarrones se ciernen sobre las cumbres borrascosas y sobre nuestras cabezas.
