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Un conflicto muy poco normal

Cuando por cualquier motivo un conflicto se convierte en habitual, todos podríamos llegar a convenir que una sociedad tiene un problema. Eso ocurre en esta Comunidad con el trato que recibe el valenciano. Con el uso de la lengua propia y además cooficial junto al castellano según la definición que realiza el propio Estatuto de Autonomía. El incumplimiento sistemático desde su aprobación de la Llei d'Ús i Ensenyament -la Llei d'Alacant- ha desembocado en un escenario en el que un partido político como el PP que debía tener un plus de «responsabilidad» en su condición de alternativa de gobierno, sectores de la judicatura e, incluso, grupos de las fuerzas de orden público se empeñan, demasiado a menudo y por diferentes motivos, en avivar una polémica que está aún lejos de solucionarse.

El esperpento que se vivió el pasado miércoles en las Cortes con un diputado del PP -el alcoyano Fernando Pastor, valencianoparlante habitual y con acento- haciendo burla de Graciela Ferrer, parlamentaria de Compromís de origen argentino, por intervenir en valenciano en la sede de la soberanía popular de la Comunidad es sólo el último eslabón de la falta de normalidad en la convivencia entre el castellano y el valenciano, ambas lenguas cooficiales al mismo nivel como reconoce la Constitución. La mofa de Pastor, aunque luego se disculpara, es el punto y seguido de episodios desafortunados como el de los alcaldes de la Vega Baja del PP echando a la papelera las «recomendaciones» de la conselleria de Educación. ¿Alguien les puede explicar que, les guste o no, esta Comunidad es bilingüe y que a todo el mundo se le debe un mínimo respeto? ¿Que los jóvenes de esa comarca pueden abrir sus oportunidades de trabajo en otras zonas de su misma provincia si suman conocimientos del valenciano, además de por descontado el inglés, a su dominio del castellano?

Al PP ya le interesa atizar esa guerra y mantener la tensión por el eslabón más débil: el valenciano. Lo hará mientras crea que pueda aprovecharse y sacar tajada política. Pero si la estrategia del PP es reprobable por su irresponsabilidad, también son muy criticables otras actitudes. La de algunos magistrados como ese juez destinado en Alicante, José María Magán, conocido anticatalanista y que se dedica a pedir traducciones de textos no porque no los entienda sino porque cuestiona la oficialidad de la lengua; o la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, avivando el fantasma del secesionismo lingüístico entre Cataluña y la Comunidad en una de sus últimas decisiones con la petición de un informe -¿ahora los jueces se dedican a la filología?- sobre si ambas lenguas son la misma cosa. De chiste. Pero también la de grupos de las fuerzas cuya misión debe ser preservar el orden y que, como ocurrió hace unos días en la Marina Alta con un agente de la Guardia Civil, se dedican a «identificar» a personas, en este caso el edil de Gata Jaume Montfort, por osar dirigirse a ellos en valenciano una lengua, recuerdo, oficial. Al PP los ciudadanos pueden decidir, libremente, si le votan. Pero los jueces y los policías son servidores de todos. De los que hablan un idioma u otro. Y todo eso junto, desde luego, dibuja un conflicto muy poco normal.

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