Gracias al Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Alicante decenas de calles alicantinas seguirán teniendo nombres con vergonzosas reminiscencias franquistas contraviniendo con ello la ley de Memoria Histórica de obligado cumplimiento para la Administración española. El auto número 10/2017 dictado por el juzgado número cuatro de lo contencioso-administrativo de Alicante admitiendo la medida cautelar de suspensión de ejecutividad del acuerdo de la Junta de Gobierno del consistorio de fecha 15 de noviembre de 2016 solicitada por el Grupo Municipal Popular por el que se obliga al Ayuntamiento a reponer las placas de rotulación primitivas (nunca mejor dicho), merece todo nuestro respeto institucional por ser los juzgados y tribunales españoles un elemento vertebrador de nuestra joven democracia, muy lejos de aquellos juzgados franquistas sometidos al poder omnímodo del dictador fallecido en 1975.

Pero ello no impide que, en virtud de la libertad de expresión reconocida en el artículo 20.1 de nuestra Constitución -con categoría, por tanto, de derecho fundamental-, podamos «expresar» nuestras dudas acerca del auto por el que la titular de este juzgado, la Ilustrísima Señora Doña María Begoña Calvet Miró, echa por tierra dos cosas. En primer lugar, la decisión de la soberanía popular que, representada por la mayoría de los concejales del Ayuntamiento, optó en las últimas elecciones municipales por un tripartito que tenía en su programa electoral la sustitución de nombres de calles que gloriaban el franquismo por otros más democráticos. En segundo lugar, la ley 52/2007 de 26 de diciembre por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura -llamada ley de Memoria Histórica- que establece en su artículo 15 que las Administraciones Públicas acordarán, en el ejercicio de sus competencias, las medidas oportunas para la retirada de escudos, placas e insignias que exalten el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil o la dictadura.

Por tanto, aunque el acuerdo de la Junta de Gobierno no fuera el modo más adecuado para aprobar el cambio de nombres de exaltación franquista -debiendo haber sido llevado al pleno- no por ello lo convierte en ilegal ni en objeto de inseguridad jurídica por mucho que la titular del juzgado número cuatro de lo contencioso trate de convencernos -en un escrito que se nos antoja forzado- sobre la perentoria necesidad de volver a reponer las calles franquistas por un supuesto daño irreparable que se produciría si al terminarse definitivamente el proceso por sentencia del tribunal competente se determinase que el cambio de nombres no se ajusta a los términos establecidos por la Ley de Memoria Histórica.

No pude evitar soltar una carcajada cuando leí por primera vez el auto y sobre todo los antecedentes de hecho. En su número primero explica que en el recurso presentado por Luis Barcala en nombre del Partido Popular se solicitaba la suspensión cautelar del acto recurrido hasta que se produjese su definitiva resolución judicial antes el riesgo de «perjuicios de imposible o difícil reparación», como si en el hipotético caso que la justicia determinase, más adelante, que el cambio de calles era ilegal, y por tanto contrario a la ley de Memoria Histórica -algo que no va a suceder- el daño producido por tener que volver a cambiar las calles y su actualización en los registros municipales pudiese ser irreparable. Lástima que durante los años de gobierno municipal del PP en Alicante el Grupo Municipal Popular pasara olímpicamente -incluyendo Luis Barcala- de todos los desmanes medioambientales y urbanísticos que se produjeron durante aquellos años derivados del libertinaje constructivo y de la corrupción. Años en los que se presentaron decenas de recursos judiciales sin que por ello se le ocurriese al PP paralizar obras faraónicas. Sin duda el señor Barcala, digno aprendiz de Federico Trillo en cuanto a triquiñuelas jurídicas, conocía el terreno que pisaba. Las cientos de fosas del franquismo desperdigadas por la provincia de Alicante llenas de cadáveres no parece que le importen mucho.

Especialmente divertida ha sido la reacción de buena parte de los comerciantes del centro apoyando la paralización judicial del cambio de nombres franquistas. Argumentaban que esta modificación era un problema añadido a su nivel de ventas. Va a resultar que cambiar el nombre a una calle influye para que un comercio tenga más o menos visitantes. Más bien tiene que ver, creo yo, con la originalidad del producto que se vende, el buen trato al cliente y horarios adaptados a los nuevos tiempos.

Se dice que la Transición fue, sobre todo, un pacto entre ideas contrapuestas en aras de conseguir la concordia. Pero lo que no se dice es que en realidad fue un acuerdo entre la parte de la derecha española más moderada -la más extrema no quería saber nada de democracia- que cedía el fin del franquismo a cambio de que no se suprimiesen los beneficios personales obtenidos de los vencidos ni se enjuiciase a los represores y por otro lado una izquierda responsable que prefirió ceder ante la posibilidad de que el tardofranquismo iniciase otra guerra civil.