Las mentiras del Yak 42

La Odisea

Homero

Es difícil hallar una frase o una palabra que resuma por sí sola las penalidades que han tenido que sufrir las familias de los militares muertos en el trágico suceso del Yak 42. Resulta esclarecedor que la primera controversia sea la de cómo llamar al hecho en sí. Ha dicho en reiteradas ocasiones uno de los padres de los 62 militares fallecidos en el año 2003 -cuando el avión de carga contratado por el Ministerio de Defensa que los traía de vuelta a España tras prestar servicio en Afganistán se estrelló en Turquía- que no se puede llamar accidente a lo que sucedió porque un accidente cuenta con el carácter de la imprevisibilidad, la fatalidad o la suma de circunstancias extraordinarias muy poco probables y nada de ello ocurrió en este caso. Lo que hubo fue un sin fin de errores, un desprecio por la seguridad de los militares y una descarada búsqueda de tapaderas que nos recuerda a la misma actitud que tuvo el PP con las víctimas del accidente de metro de Valencia.

En realidad, el informe del Consejo de Estado que se hizo público hace unos días ha puesto negro sobre blanco lo que la ciudadanía ya sabía gracias a dos actuaciones que en su momento se hicieron en dos ámbitos distintos. El primero de ellos fue la investigación llevada a cabo por el ministro José Bono cuando sustituyó a Federico Trillo gracias a la inesperada victoria del PSOE en las elecciones del año 2004. Se supo entonces que las identificaciones de los cadáveres realizadas por médicos militares españoles habían sido hechas prácticamente a ojo, sin la más mínima traza de veracidad, llegándose a producir hechos dramáticos y especialmente dolorosos para las familias como fue la de introducir tres pies en un mismo ataúd. Las prisas por celebrar cuanto antes el funeral de Estado que cerrase este asunto tan molesto para el entonces victorioso Gobierno del Partido Popular, motivó la ocultación de los verdaderos motivos de que aquel avión se estrellara, un avión subcontratado sin ninguna garantía y sobre el que ningún mando del ejército hizo la más mínima comprobación de su idoneidad. José Bono tuvo que acudir personalmente a instancias militares y forzar un candado de un archivo para recuperar parte de la documentación. Otra parte, la relativa a los contratos de 47 aviones anteriores al fatídico vuelo siniestrado que se hicieron también en circunstancias parecidas, nunca ha sido encontrada. Poco después de asumir el ministerio Bono fletó un avión para llevar a todos los familiares al lugar donde los militares perdieron la vida como consecuencia de la desidia y, por lo que se puede deducir, corruptelas que llevaron a contratar el avión más barato posible a pesar de estar presupuestada una cantidad mayor.

El segundo ámbito se desarrolló en sede judicial. En 2009, la Audiencia Nacional condenó a los mandos militares responsables de las falsas identificaciones a diferentes penas de cárcel que no llegaron a cumplir por dos razones. La primera, porque tras la sentencia de la Audiencia Nacional se evitó la entrada en prisión de los condenados gracias a las maniobras dilatorias de las que Federico Trillo ha sido siempre tan experto, presentando recursos al tribunal superior y solicitando la evacuación de cualquier nuevo trámite. La segunda, porque cuando se constituyó el primer Gobierno de Mariano Rajoy en noviembre de 2011, una de las primeras medidas que tomó fue la de indultar a los militares condenados.

El giro que María Dolores de Cospedal, actual ministra de Defensa, ha querido dar recibiendo a los familiares de los militares fallecidos y asumiendo como cierto el informe del Consejo de Estado que establece la responsabilidad patrimonial de la Administración, ha sido, sobre todo, una forma de adaptarse a la avalancha de indignación que con ocasión de la publicación del informe por un medio de comunicación se ha generado en la sociedad española. No hay que olvidar que Mariano Rajoy premió a Federico Trillo con la embajada de Londres cuando más desprestigiado estaba tras su paso por Defensa y su nefasta gestión.

En la antigua Grecia aquellos que eran tenidos como indignos en el ejercicio de una actividad de carácter público eran condenados al destierro por un periodo de 10 años. Perder la confianza de la ciudadanía tras una votación enviaba al ostracismo a los que sin ser condenados por responsabilidad penal eran culpables de haber traicionado a la verdad y a la justicia.

Al recordar a los 62 militares fallecidos -y a sus familias que no han dejado de luchar hasta ver reconocido el mísero y negligente comportamiento que tuvo Federico Trillo y el partido político que le ha defendido desde entonces- debemos tener en cuenta el honor y la dignidad con la cumplieron su obligación como funcionarios públicos. Frente a ellos se sitúan los que traicionando su deber y la memoria de los militares muertos: aquellos que merecen ser condenados al ostracismo.