La fórmula de reparto de las subvenciones públicas que, desde hace cuatro décadas, vienen utilizando las diputaciones ha estado siempre en tela de juicio. ¿Puede alguien asegurar que la distribución de los planes de obras y servicios se realizó en todos los casos con criterios adecuados y ajustados a la necesidad real de ejecutar una u otra inversión? Nadie. Ese sistema ha sido objeto en todo momento de polémica. Tanto cuando se pactaban las inversiones fruto de un «apaño político», normalmente, arreglado en un cuarto oscuro entre el PP y el PSOE; como cuando el partido que ostentaba el mando de la institución -singularmente los populares, que gobiernan el Palacio Provincial desde 1995- imponía el listado de esas inversiones. Nunca fue un modelo objetivo. Todo lo contrario. Había un reparto discrecional y arbitrario, como certificaron los tribunales en los mandatos de Julio de España. Si había una inversión justa en los presupuestos de la Diputación para 2017 esa era, sin duda, la reforestación de la Granadella, una joya ambiental ubicada en término de Xàbia y arrasada por el fuego. Pero la lucha política condujo al PP con el apoyo del tránsfuga Sepulcre a retirar parte de la subvención prevista como «vendetta» contra el socialista José Chulvi, alcalde de esa localidad y portavoz provincial del PSPV. Indecente. Son estas decisiones, no otras, las que alimentan el debate: ¿Para qué sirve la Diputación?
