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José Emilio Munera

Al margen de la ley

El Ayuntamiento presentó el pasado martes una etapa de la próxima edición de la Volta ciclista a la Comunitat que saldrá de Alicante el próximo 2 de febrero. Tras el acto, al que no acudió prensa alguna, el consistorio difundió una nota oficial con errores de bulto. Aseguró que en esa etapa correría Purito Rodríguez (que ya está retirado) y que sería retransmitida por, al menos, cinco canales públicos de televisión (cuando sólo está confirmado Eurosport). La web municipal aún informa hoy de que compite Purito, pero no, el catalán ya «ha colgado» la bici. Alarmada por el cúmulo de imprecisiones, la organización de la Volta tuvo que confeccionar deprisa y corriendo un comunicado para rectificar tanta inexactitud que ya circulaba por las redes sociales en estos tiempos modernos de inmediatez, viralidad y «cara anchoa». La chapuza se debió a un «corta-pega» urgente de una nota de prensa de una edición anterior de la ronda autonómica. No importa; no es grave. Obviamente, hay cosas mucho peores. Sucede que esta anécdota de la presentación de la etapa se convierte en categoría por tratarse de un nuevo reflejo del caos que reina en la primera concejalía de Deportes de la provincia. Un área en la que se arrincona a los técnicos licenciados por ser, presuntamente, desafectos al régimen; en la que se liquidan los programas gratuitos de mayor éxito y participación popular porque los dirigían los arrinconados; en la que los monitores de natación imparten clases cuando sólo pueden ser socorristas o en la que se renuncia sin más a organizar la fase final de la Copa de España de fútbol sala cuyo impacto generaba un retorno de dos millones a la ciudad. Relegar y arrinconar a los titulados superiores supone, de facto, un incumplimiento de la Ley autonómica del Deporte, de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia y de las recomendaciones del Síndic de Greuges. Por suerte y de momento, no ha habido ninguna desgracia personal en las actividades deportivas organizadas por el Ayuntamiento, que deben ser supervisadas por precepto legal por titulados superiores. Habrá que seguir confiando en el azar y la providencia para que el consistorio no sea responsable de un eventual accidente. En este punto sorprende y ch0ca que el alcalde Gabriel Echávarri, abogado de profesión, sea tan exigente con los estándares éticos de los demás y tan indulgente con el incumplimento de la ley en su equipo de gobierno.

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