Andamos algunos entreteniéndonos estos días con las invectivas que se están lanzando los animalistas de mayor o menor intensidad a colación de esa controvertida Arca de Noé que se ocupa de atender a animales rescatados de diversos tráfagos ilegítimos para intentar reintegrarlos a sus hábitats naturales o, en el peor de los casos, para regalarle un final de vida digno. Pero que el alcalde Gabriel Echávarri se haya posicionado a su favor, menospreciando su papel institucional de mediador, igual le acaba haciendo un flaco favor a la larga a la cabeza visible del refugio, Raúl Mérida.
El animalismo, además de una moda, es una postura ética difícil de calibrar. ¿Cuáles son los límites de la «dignidad animal»? ¿Cuáles son los derechos morales de aquellos que no tienen «per se» obligaciones éticas? Para las sensibilidades animalistas, la labor de Mérida transita entre un altruismo modélico y casi el maltrato a los ejemplares diversos que acoge y cuida en sus instalaciones.
Amén de intereses personales varios, que seguro los habrá, el caso es una muestra más de algo evidente: no se le pueden poner límites al campo. O sea, a la dichosa «sensibilidad» animalista. La vara de medir el bienestar animal, he ahí el verdadero asunto al que nadie se quiere enfrentar. Tratar a los animales que no son del ámbito doméstico como mascotas. Entre la cosificación y la antropomorfización, a cuál de los dos peor planteamiento. A ver si un día de estos acabamos hablando, por fin, de ecología.
El antagonismo de posturas ha resultado tan elocuente entre el primer edil y la concejala de «sus animalitos», Marisol Moreno, que aquel pidió el viernes la dimisión de esta. La Roja sigue aferrada a su cargo a pesar de ser un grano molesto para la alcaldía y estar diseñándose, a costa de todos los alicantinos, un curriculum importante dentro del gremio. Y en esta historia cuenta la de Guanyar con la aquiescencia de Compromís. Vaya vaya...
El rifirrafe consistorial ha eclipsado la noticia verdaderamente importante en estos días. Dos años llevaban sufriendo persecución los vecinos de la partida de Moralet para dejarles sin sus tradicionales «bous al carrer». En ellos, se daba suelta a los animalitos para que sus gentes corretearan con ellos por allí entre recortes y piruetas, y luego se les devolvía al camión para volver a su finca de referencia. En 2015 usaron subterfugios legalistas para no conceder los permisos del recinto preparado «ad hoc» en suelo municipal, y en 2016 ya se atrevieron a prohibir mediante decreto la celebración de esos festejos por una razón que, como las del corazón, la razón no entiende: «estrés continuado para el animal susceptible de mermar su psique». Así se puso negro sobre blanco en el decreto de alcaldía del 21 de marzo pasado gracias a informes tan «objetivos» como el de AVATMA, asociación de veterinarios antitaurinos. La Asociación Cultural Taurina «Moralet», en colaboración con la Fundación del Toro de Lidia, presentó un recurso contencioso-administrativo contra aquel decreto absurdo. Y ahora nos encontramos, como no podía ser de otra manera, con que el propio consistorio alicantino recula y publica una nueva resolución, con fecha 24 de noviembre, desde el servicio de Participación Ciudadana y Partidas Rurales, que deja sin efectos aquella anterior y vuelve a dar la razón al pueblo. Se prohíbe la prohibición y, de paso, el camino queda desbrozado ante posibles atropellos animalistas futuros contra celebraciones parecidas.
Todo era cuestión de electoralismo. Se anunciaban los comicios de junio y, como siempre, no importaban los animales ni tampoco la legitimidad. Lo que privaba era hacer ruido y salir en los medios para acaparar votos de esta insostenible moda animalista. Que el equipo de gobierno de un ayuntamiento se permitiera cometer estas tropelías con toda consciencia, a sabiendas de que luego habría de desandar lo andado y rectificar la flagrante ilegalidad solamente por obtener a cambio un rédito electoral, dice muy poco de su gestión y su proyecto para la ciudad. Y aunque en el pecado llevarán la penitencia, ¿quién va a resarcir a esos vecinos de sus derechos conculcados y de sus festejos ya perdidos para siempre? ¿Podrán mirarles a la cara esos representantes que les plantaron con toda su cachaza una prohibición que sabían ilegítima?
