La salud de los españoles depende, en buena medida, de las decisiones de Cristóbal Montoro. Y no sólo porque el ministro de Hacienda sea el responsable de la financiación sanitaria. Por extraño que nos parezca, también algunas medidas fiscales han demostrado su impacto favorable en la salud. La cuestión, como de costumbre, es que la puesta en práctica sea la correcta y, los resultados, los esperados.
El uso de los impuestos como instrumento para mejorar la salud pública no es una novedad. Hace décadas que constituye una eficaz estrategia en relación al consumo de productos que pueden ser dañinos, como el alcohol o el tabaco. Eficaz, decía, allí donde se ha aplicado adecuadamente porque no siempre ocurre así. Su utilidad se basa en el concepto de la elasticidad de la demanda o, en otros términos, de la respuesta del consumidor ante la variación de los precios. Es habitual que el incremento del coste se acompañe de un descenso en la demanda. Por ello es especialmente útil encarecer aquellos productos que se asocian a un mayor riesgo de enfermedad.
Los próximos Presupuestos Generales del Estado incorporarán un nuevo tributo, dirigido a gravar el precio de las bebidas azucaradas. Desde una perspectiva estrictamente salubrista, la medida es inicialmente acertada. La asociación entre los azúcares libres -para entendernos, el azúcar que contienen las bebidas- y algunos graves problemas de salud como son la obesidad o la diabetes, es una evidencia reiteradamente constatada en multitud de estudios científicos. En consecuencia, la disminución de la cantidad de azúcares libres que consumimos diariamente conllevaría una reducción del riesgo de padecer estas patologías. Para hacernos una idea, una lata de bebida azucarada ya contiene ese máximo diario que no debiéramos superar.
La medida es oportuna ante la disparatada magnitud del asunto. No se trata, en absoluto, de una idea peregrina del tecnócrata de turno sino, muy al contrario, de una de las recomendaciones propuestas por la OMS en un reciente informe («Fiscal policies for Diet and Prevention of Noncommunicable Diseases»). Sólo refiriéndonos a la obesidad, habrá que recordar que una quinta parte de los españoles la sufre. A esta cifra debemos añadir otro 20% de la población adulta con sobrepeso. En suma, cuatro de cada diez españoles presenta problemas en este sentido. Puestos a preocuparnos por el gasto generado, el 7% de los costes directos del sistema sanitario español están motivados por la obesidad. Añadan los producidos en otras áreas, como la laboral, y podrán hacerse una idea de que la decisión -por impopular que sea- no sólo es apropiada sino que, incluso, llega con cierto retraso.
La eficacia de los impuestos para prevenir problemas de salud, depende de su acertada aplicación. Y aquí fallamos. Seguimos importando ideas pero sin ponerlas en práctica del modo en que aconsejan quienes las proponen. Me dirán que el incremento de la carga fiscal no ha bajado tanto el consumo de tabaco o de alcohol. Así es, pero no porque la medida sea inadecuada sino, simplemente, porque no se alcanzan los gravámenes recomendados. Algo similar puede ocurrir con las bebidas azucaradas. Los estudios publicados -y, en base a ellos, las recomendaciones de la OMS- aconsejan que el recargo fiscal no sea inferior al 20% del precio del producto. A la vista de la cantidad que se prevé recaudar -200 millones de euros- y la facturación del sector en el último año, la nueva tasa será 4 veces inferior a la que se considera necesaria para conseguir un efecto beneficioso en la salud de los ciudadanos. No parece tratarse, por tanto, de una medida dirigida a proteger la salud de los ciudadanos sino a la estricta recaudación. Ahora bien, necesaria a todas luces aunque, como decía, insuficiente. Una implantación progresiva, hasta alcanzar ese 20% aconsejable, pudiera ser la solución.
No deja de ser curioso que, en esta ocasión, la industria y las organizaciones de consumidores coincidan en su oposición a la nueva tasa. Los primeros alegan que se trata de un tributo «injusto y discriminatorio» y se permiten afirmar que estas medidas son ineficaces para resolver problemas de salud. O leen poco o, probablemente, hacen de la mentira su mejor defensa. Las organizaciones de consumidores, por su parte, mantienen el clásico argumento de que lo mejor no es subir los precios, sino bajar el azúcar o incluir etiquetas de aviso. Siendo respetables ambos puntos de vista, la realidad apunta en sentido contrario.
Prepárense para leer y escuchar un extenso y repetitivo argumentario, en defensa de las bebidas azucaradas. También lo advierte la OMS en su informe. Nos dirán que afecta a las clases sociales más desfavorecidas y con menor nivel educativo. Efectivamente, es así. Sin embargo, obviarán recordarnos que la obesidad en estos colectivos se duplica respecto al resto de la población. En consecuencia, gravar fiscalmente estos productos favorece, especialmente, a los más vulnerables. Lejos de ser una opinión, es la conclusión en la que coinciden todos los estudios publicados hasta la fecha. Y es que una cosa son los intereses corporativos y otra, a veces muy distinta, la evidencia.
Por una vez -y sin que sirva de precedente- bienvenidos sean los impuestos. Por cierto, la OMS también aconseja que la recaudación que se obtenga acabe destinándose al sistema sanitario. Quizás Montoro no haya leído ese párrafo. Sería una lástima.
