El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu se queda solo frente al mundo. No es lo mismo que sólo ante el peligro, como en el western, entre otras cosas porque el arsenal nuclear de Israel, el apoyo militar y financiero de EE UU le supone una mayoría aplastante frente a los palestinos. Literalmente aplastante. El Estado de Israel se ha quedado de nuevo sólo frente a la legalidad internacional, al resto de los Estados de las Naciones Unidas, o lo que es igual frente al resto del mundo. No le han apoyado en la votación de la Asamblea General ni siquiera Estados Unidos, Canadá, Australia, Islas Marshall, Micronesia y Palau (¿), sus apoyos mas firmes. Esto no ha frenado a Netanyahu. Cuando ha visto peligrar el apoyo de la extrema derecha teocrática ha persistido en romper cualquier posibilidad de paz. A provechando que Obama se va; es ya un efecto de la era Trump, aunque no el único. Otro es la actuación unilateral de Siria y Rusia en la ciudad de Alepo.
El pasado 14 de noviembre la 71ª Asamblea General de la ONU sometió a votación el informe de la Comisión Política Especial y de Descolonización (Cuarta Comisión) (A/71/493), el informe incluía cuatro propuestas. En la primera hubo 159 a favor, 7 abstenciones -incluidos EE UU- y 1 en contra, Israel. El resto fue por el estilo, con seis votos en contra los incondicionales de arriba y seis abstenciones. Las resoluciones sobre asistencia a refugiados, desplazados, apoyo para la reconstrucción y obras públicas, y al derecho de los refugiados palestinos a sus bienes y a las rentas devengadas. Ese mismo día se sometieron a votación otras cinco propuestas (A/71/494) del Comité Especial encargado de Investigar las Prácticas Israelíes que Afecten a los Derechos Humanos del Pueblo Palestino y Otros Habitantes Árabes de los Territorios Ocupados. Los resultados fueron similares, incluso en la última propuesta relativa a los Altos del Golán sirio, Israel volvió a quedarse sólo en la votación. La Unión Europea se abstuvo en una y en las ocho restantes voto a favor de las propuestas del Comité Especial.
El Convenio de Ginebra relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra, debe ser respetado por Israel, dice la ONU. Además, «reafirma que los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado son ilegales y constituyen un obstáculo para la paz y el desarrollo económico y social; la cesación completa de todas las actividades israelíes de asentamiento es fundamental para salvaguardar la solución biestatal sobre la base de las fronteras anteriores a 1967, y pide que se adopten de inmediato medidas positivas para invertir las tendencias negativas sobre el terreno que están haciendo peligrar la viabilidad de la solución biestatal». Exige a Israel, «la potencia ocupante», que cumpla las obligaciones jurídicas que le incumben, tal como se indica en la opinión consultiva emitida el 9 de julio de 2004 por la Corte Internacional de Justicia y exige «que se impida que los colonos israelíes cometan actos de violencia, destrucción, acoso y provocación, sobre todo contra los civiles palestinos y sus bienes, incluidos sus lugares históricos y religiosos, en particular en la Jerusalén Oriental Ocupada, y sus tierras de cultivo».
Mientras los focos están en la guerra de Siria, Netanyahu intenta «imponer sus leyes, jurisdicción y administración en los Altos del Golán». A pesar de que toda la Asamblea General de la ONU, menos Israel, le exige a que «desista de imponer la ciudadanía israelí y tarjetas de identidad israelíes a los ciudadanos sirios del Golán sirio ocupado, y a que desista de adoptar medidas represivas contra la población del Golán».
Netanyahu y sus socios ultraortodoxos de Gobierno, al amparo de algunas declaraciones de Trump sobre reconocer Jerusalén como capital de Israel, han hecho justo lo contrario. Tramitan una nueva ley que no sólo desafía a la Asamblea General de la ONU, sino al propio Tribunal Supremo israelí que ordenó devolver las tierras que ocupan 400 colonos -que Israel considera «ilegales»- a sus dueños palestinos originales. Cuando la nueva ley haya superado la tramitación parlamentaria, los ocupantes de unas 4.000 edificaciones en 102 colonias «ilegales» serán igual que los más de 400.000 habitantes de los 120 asentamientos judíos «legales» en Cisjordania. Tanto unos como otros carecen de legitimidad para la comunidad internacional, según el criterio expresado a través de resoluciones de la ONU.
