Con la celebración, hoy, día 6 de diciembre, del Día de la Constitución, rendimos homenaje tanto a la propia Carta Magna como a todas las personas que trabajaron para forjar el gran acuerdo político que late detrás de sus 169 artículos y 9 disposiciones adicionales. En un día como éste resulta necesario ensalzar la importancia de nuestra norma fundamental en el desarrollo social, en el progreso económico y de libertades públicas alcanzado por la sociedad española.

Considero que los principios que el artículo 1º propugna como valores superiores de nuestro ordenamiento constitucional, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, están totalmente vigentes. Del mismo modo, estoy convencido de que el gran acuerdo que representa nuestra Carta Magna, ha supuesto un elemento catalizador que nos ha permitido construir una España más libre, justa, moderna y solidaria. Asimismo, nos ha permitido disfrutar de casi cuatro décadas ininterrumpidas de convivencia democrática en paz y libertad, basada en el diálogo, el respeto y la tolerancia.

Nuestra norma fundamental ha sido el cauce a través del cual hemos accedido a la garantía de los derechos y libertades, a los fundamentos del Estado social, a la participación democrática en la toma de decisiones, al desarrollo de una profunda descentralización política y, con todo ello, al incremento del bienestar de los españoles y la convivencia en libertad y armonía de todos nosotros.

Un camino complejo e intenso que los españoles hemos recorrido con indudable éxito desde aquel lejano 6 de diciembre de 1978, en el que el gran logro del pacto constitucional supone que bajo el imperio de nuestra Constitución han tenido y tienen cabida todos los amantes de la libertad y la democracia con sus derechos fundamentales garantizados.

Es innegable que dicho pacto ha servido para crear el marco político que ha propiciado el nacimiento del Estado del Bienestar, el paulatino desarrollo del Estado de las Autonomías, la plena integración de España en la Unión Europea, el considerable grado de desarrollo económico alcanzado y la ansiada paz, poniendo fin al doloroso terrorismo etarra.

Sin embargo, pese a los notorios avances experimentados en estos 38 años, es indudable que se hace necesaria una reforma constitucional que aborde cambios imprescindibles para adecuar la Constitución a nuestro tiempo y para hacer frente a los desafíos a los que, se quiera o no, se enfrenta nuestro país.

La del 78 es, sin duda, la mejor Constitución de nuestra historia pero, a mi modo de ver, exige reformas que sirvan para reconducir la grave crisis territorial que conlleva el proceso de independencia de Cataluña, además de los orientados a consolidar el Estado del Bienestar y a avanzar en el camino de la justicia social. Y, con urgencia, los dirigidos a mejorar el adecuado funcionamiento de las instituciones, los mecanismos democráticos y la propia calidad de nuestra democracia. Su reforma servirá para dotarla de un vigor y una legitimidad renovados.

Es preciso, por tanto, adecuar la Constitución a las transformaciones experimentadas por nuestra sociedad con el fin de que un acuerdo constitucional renovado asegure un nuevo período de convivencia que garantice el progreso económico, el bienestar, la paz social, la estabilidad política y la solidaridad entre territorios y entre personas.

Para ello, nuestros representantes tendrán que actuar en el presente con la misma lucidez, generosidad y espíritu de consenso que quienes hicieron posible en su momento la Constitución de 1978. Todo un ejemplo de entendimiento. Ojalá que así sea y que ello ocurra, a ser posible en la presente legislatura. Y que, a la postre, permita que desde el ámbito municipal podamos continuar trabajando para construir, con el esfuerzo de todos, una ciudad más humana, cohesionada y solidaria que nos asegure un futuro de progreso y bienestar.