La gran coalición que Mariano Rajoy viene defendiendo como fórmula de Gobierno puede convertirse en un modelo episódico. El acuerdo entre socialistas y populares para fijar los límites del déficit de las administraciones periféricas e incrementar un 8 % el Salario Mínimo Interprofesional marca una pauta de posibles entendimientos futuros que permitiría a los dos grandes partidos mantener su dominio de la escena política.

El PP busca ahora reeditar ese acuerdo con los presupuestos, algo que el PSOE advierte de antemano que no será posible. El doble acuerdo llegó por sorpresa y se gestó con tanta cautela que el presidente de la gestora, Javier Fernández, ni siquiera mencionó su posibilidad en el encuentro que a comienzos de semana mantuvo con los líderes de Comisiones Obreras y UGT.

Pero la escasa décima de margen que el Gobierno cedió a las comunidades no satisfizo a todos los que participaron en la operación de desalojo de Pedro Sánchez. La Comunitat Valenciana, que preside Ximo Puig, se opuso al acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como también lo hizo Baleares de la mano de Francina Armengol. El déficit unió en el voto a dos barones que están en frentes distintos en la contienda interna del PSOE y los desmarcó del resto de las administraciones regionales socialistas, que se abstuvieron para facilitar que la propuesta gubernativa de un déficit del 0,6 % PIB saliera adelante con el respaldo de las comunidades del PP.

Con los socialistas divididos, el PP potencia la cara que más le gusta del PSOE, la que encarna la actual dirección interina, con la esperanza de ampliar en el futuro las zonas de pacto. Para la gestora, el pacto con los populares refuerza su defensa de que desde la oposición también se pueden conseguir triunfos con la actual composición del Congreso. De hecho, en los días previos al acuerdo hubo un reiterado mensaje de anteponer la acción política externa para solapar las exigencias internas de fijar la fecha del congreso.

Pese a las pretensiones de los populares de potenciar esa simbiosis, el PSOE anticipa que tratará también de entenderse con otros socios para sacar asuntos como la derogación de la ley mordaza. A la boca del portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha vuelto una expresión proscrita desde la caída de Sánchez, la de la búsqueda de «mayorías alternativas» al PP, lo que significa apostar por acuerdos variables.

Los potenciales socios de PP y PSOE en acuerdos con distinta combinatoria dan muestras estos días de gran resquemor. Ciudadanos ha visto cómo los populares los ningunean en cuanto los socialistas están dispuestos a bailar, pero aguardan a que el PP los llame para hablar del presupuesto porque el PSOE, hasta ahora, descarta aprobarlos. Las crudas palabras del ministro Cristóbal Montoro mostrando la preferencia por socios grandes frente a los pequeños sirvió para avivar las críticas del partido de Albert Rivera a la decisión del Gobierno de subir impuestos.

La solución anhelada por el PP son unos presupuestos pactados con el PSOE. Para el PNV, el tercer socio potencial hacia la mayoría absoluta si los populares se ven de nuevo obligados a recurrir al partido de Rivera para las cuentas, el acuerdo reciente aparta de ellos esa presión política. El portavoz peneuvista en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, considera «muchísimo más posible» que los presupuestos salgan antes de un nuevo consenso entre populares y socialistas que con el PNV. Ante la duda, Egibar anticipa que el voto nacionalista saldrá caro porque frente a «la urgencia del PP», las bases de la posible negociación radican para el PNV, no en «dos enmiendas de campanario, sino de cosas estructurantes», las que «afectan al Concierto, el cupo, autogobierno y paz».