El pasado 29 de noviembre la Consellería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, convocó en Valencia la primera Jornada de Integridad Institucional en la Comunidad Valenciana. En ella se reunieron unos cincuenta especialistas y representantes de todo tipo de instituciones, agencias, asociaciones y entidades, privadas, de la Generalitat y del Estado con competencias en lucha y prevención de la corrupción. Nunca antes se había celebrado en España, promovido desde una administración, un encuentro similar. Mi intervención, básicamente, constituye este texto.
La Consellería que me honro en presidir tiene como uno de sus objetivos más destacados promover la transparencia, ante todo porque es esencial en una concepción de buen gobierno que incremente la calidad de la democracia. Contribuimos también a la construcción de un Derecho Fundamental de última generación, aunque con perfiles, aún, difusos. La transparencia, en fin, pretende ser un factor determinante en la recuperación de la confianza ciudadana. Ello es así es porque la transparencia se percibe como un cortafuegos a la corrupción. Todas las encuestas indican que la corrupción es apreciada por la ciudadanía como una amenaza directa y concreta, como una cuña que hiere nuestro sistema de convivencia. Las causas de ello son complejas y no puede entenderse la epidemia padecida en los penúltimos tiempos, de manera especial en nuestra Comunidad, aunque no sólo en ella, desde explicaciones sencillas y voluntaristas. Nadie tampoco, a estas alturas, puede seguir protegiéndose tras la tesis de la existencia de manzanas aisladas y podridas. Al menos, aquí y en otros lugares, una corrupción masiva y persistente en el tiempo exige de, al menos, dos factores:
-una economía privada centrada en el negocio fácil, de baja productividad, que busca la ganancia rápida más que el rigor empresarial y que depende demasiado de decisiones políticas directas, sea en forma de licencias, concesiones, recalificaciones urbanísticas, etc;
-un ejercicio del poder político con tendencias a un cierto autoritarismo, que traslada al seno de los partidos la toma de decisiones públicas a la vez que coloniza y manipula los órganos de control.
La combinación de los dos elementos genera fenómenos corrosivos para la sociedad, en forma de complacencia con el parasitarismo y el enriquecimiento fácil, el amiguismo y nepotismo, el halago injustificado del poderoso y, en definitiva, la degeneración de una democracia arraigada en valores como la igualdad y la solidaridad. A todo ello contribuyen sistemas legales deficientes y marcos procesales lentos e ilegibles para la mayoría. La economía, en fin, se resiente en su calidad, en la disponibilidad de jóvenes formados o a través del desvío a lo aparencial de capitales susceptibles de encontrar mejores inversiones. Ideológicamente el corrupto se siente invulnerable, incluso se autojustifica como un dinámico creador de riqueza. Y buena parte de la sociedad se imagina como inmersa en una fiesta permanente, infinita: el lugar a donde quisimos venir y ya nos han traído.
Pero ya sabemos que eso no es así, que no ha sido así. El despertar ha sido tan amargo como contundente. No es preciso que insista ni en casos ni en cosas, ni en gente que ha manchado nuestro buen nombre. Hoy no es día para que yo insista en los pliegues del pasado. Deseo poner el énfasis en el futuro. Pero ese futuro empezó el día en que una buena parte de la sociedad comprende y supera, como Kant pidiera, una «minoría de edad culpable». Un primer paso es entender el coste de la corrupción y lo que de insultante tiene un expolio colectivo constante. El segundo paso, más dramático, es el que damos ahora: la corrupción termina, en buena media, al terminar un ciclo económico alcista y la crisis priva a la corrupción de su vino y de sus rosas y, al condenar a millones de personas a la pobreza, ofrece un nuevo perfil a la corrupción que es apreciada, ahora, como una forma siniestra de violencia simbólica.
Se trata, pues, de no olvidar las lecciones pero, a la vez, de superar la quiebra. Sólo con rabia no se curan las heridas de la corrupción, sino con grandes dosis de esperanza. De esperanza activa, con inteligencia y muchos y variados movimientos tácticos y estratégicos. Para ayudar a ese proceso social, complejo y difícil, se creó nuestra Consellería: para liderar acciones, para establecer políticas públicas en transparencia y buen gobierno. Para propiciar vínculos con otras áreas, bajo el común denominador de la recuperación de una política hecha desde valores fruto del consenso y del diálogo. Y para organizar una movilización de toda la Generalitat, de otras instituciones y de la sociedad más crítica y consciente, en torno a la generación de una cultura de la transparencia que, insisto, sea eficaz antídoto ante futuras tentaciones. Los que se empeñan en vernos sólo como instrumentos de persecución de fantasmas es que, quizá, sólo saben vivir entre fantasmas. Hay otros mecanismos e instituciones para ello: nuestra labor es esencialmente profiláctica y persuasiva.
Lo que hemos hecho hasta la fecha es bastante conocido y nos tiene moderadamente satisfechos, en cuanto que hemos conseguido que la Comunidad Valenciana vaya convirtiéndose en sinónimo de políticas de transparencia, aunque sigamos cometiendo errores cada día y aún nos quede mucho para alcanzar un punto óptimo. Aunque somos conscientes de que, en realidad, en esta cuestión los óptimos no existen, pues cada avance estimula una nueva necesidad e invita a dar renovados pasos. Por otra parte algunas de las críticas que recibimos son paradójicas: se acusa al Consell de «no tener transparencia» ante determinados hechos que, precisamente, se conocen por el inmenso desarrollo de los mecanismos de transparencia. Podemos entender el juego partidario y su extensión a algunos medios de comunicación, pero no renunciamos a que el rigor conceptual también progrese, pues es necesario para construir una cultura de la transparencia creíble, capaz de atacar sin desmayo a una cultura de la sospecha, firmemente anclada en los juicios y prejuicios que revelan las encuestas.
No insistiré, pues, en la puesta en funcionamiento y desarrollo del Portal de Transparencia ni en el desarrollo de la Ley de Transparencia, cuyo mejor fruto ha sido el Código de Buen Gobierno y cuyo Reglamento, imprescindible en muchas materias, avanza a buen paso en su tramitación. Apuntaré el empeño puesto en constituir las Comisión Ejecutiva del Consejo de Transparencia, que desarrolla una labor más que encomiable, pese a la carencia de medios de todo tipo que, no obstante, tratamos de paliar en este momento. Todo este entramado está sirviendo para tener una base sólida para extender los principios jurídicos que son el punto central de una política real de transparencia. Este hecho nos ha permitido generar una incipiente estructura transversal en la Generalitat y establecer protocolos concretos de mejora de actuación, avanzar en la definición de políticas en otros ámbitos como en el local y universitario o dialogar con sindicatos y asociaciones empresariales. Igualmente debo insistir en actividades formativas y de reflexión como los cursos para funcionarios y los seminarios, pioneros en España, dirigidos a informadores, policías y guardias civiles, especialmente pensados para la prevención y persecución de la corrupción utilizando las herramientas informáticas de la Generalitat. Un especial impacto ha tenido nuestra colaboración -que repetiremos- con el Internet Freedom Festival y la organización de «Diàlegs d'Estiu» en Alicante: una semana para el debate y la transparencia en vivo y en directo. Y concluyo esta referencia con los convenios firmados con las Universidades públicas valencianas, que nos van a permitir, a medio plazo, contar con un plantel altísimo de especialistas en transparencia, participación, buen gobiernos, lucha jurídica contra la corrupción y aplicaciones informáticas relacionadas con estas materias.
Detallaré ahora, sucintamente, cuáles son los nuevos retos con los que nos enfrentaremos en los próximos meses, sin reiterar algunas cuestiones ya apuntadas. En el plano normativo, además de introducir cambios notables en la Ley de Transparencia, motivados esencialmente por la voluntad de elaborar una Ley de Participación y Fomento del Asociacionismo, remitiremos a les Corts un Proyecto de Ley reguladora de la acción de la actividad de los lobbyes. Igualmente colaboraremos al desarrollo reglamentario de la Ley de Incompatibilidades e impulsaremos otro Proyecto de Ley que regule aspectos relacionados con la Inspección de Servicios y que incluirá lo relativo a un sistema de alerta temprana de incidencias que pudieran señalar irregularidades, que a veces han estado en los orígenes de prácticas corruptas. En otro orden de cosas en las próximas semanas desarrollaremos un «Buzón Responsable» en el que recibir, si así lo desearan sus usuarios, denuncias anónimas de casos de corruptelas o malas prácticas; en esta materia, obviamente, colaboraremos con la Agencia de Prevención de la Corrupción que recientemente han aprobado les Corts. En las próximas semanas ampliaremos el Convenio firmado hace un año con Transparencia Internacional y en él tendrá especial importancia el desarrollo de los llamados «Pactos de Integridad», modalidad de intervención de la sociedad civil en el control de contrataciones y adjudicaciones públicas, usado ya en otros Estados de la UE y que aquí estudiamos, requeridos por Transparencia Internacional como experiencia piloto en España. Por otra parte insistiremos y ampliaremos las acciones formativas y en la implantación de portales de transparencia y asunción de buenas prácticas en las instituciones locales y en el sector público instrumental de la Generalitat, así como en la mejora en la transversalidad de la transparencia en el Consell, en buena medida en el marco de las medidas de modernización administrativa que estamos emprendiendo.
La Jornada de hoy se enmarca en este dinámica de acumulación de acciones, conscientes de que estamos al principio de un camino que hay que recorrer mezclando la audacia que requiere la cuestión con la prudencia que aconseja la carencia de experiencia y el exceso de presión social y política; y sin insistir ahora en la falta de medios: la infrafinanciación, aquí, también se nota. Pero lo importante es compartir hoy la idea de que, por primera vez, todo tipo de entidades e instituciones hacemos patente la convicción práctica de que es tan posible como necesario aportar esfuerzos y mostrar unidad ante la corrupción. El mensaje queda lanzado. Proponemos ahora que, de manera absolutamente voluntaria e informal, la información que produzcamos circule entre los aquí representados y que nos emplacemos a futuros encuentros y otras acciones de tipo formativo. Un primer paso será la edición de materiales que se aporten en esta Jornada.
En otros Estados los jueces han acuñado el concepto de «clima de corrupción», refiriéndose a prácticas, más o menos generalizadas en ámbitos empresariales o políticos que, sin ser constitutivas de delito, predisponían a rutinas que acababan por propiciar y justificar lo que sí era, ya, delictivo. Nos proponemos una estrategia inversa: desarrollar discursos, normas y actuaciones que impregnen la sociedad valenciana y sus diversos ámbitos de «climas anticorrupción», construyendo entornos transparentes. Espero que coincidiremos en ese viaje.
