Quizá por la falta de presupuesto, quizá por un exceso de optimismo, quizá por su afán de creer que el movimiento se demuestra legislando, la Generalitat se ha metido en una carrera que no tiene freno pero que, en algunos casos, parece que no conducirá a ninguna parte. El Consell ha comenzado diciembre con fuerza y en los últimos días nos hemos encontrado con dos iniciativas que, por mucha ilusión que transmitan nuestros padres autonómicos de la patria, parecen no conducir a ninguna parte. Cierto que el Consell se encontró con una rémora hipotecaria importante heredada de un PP que se instaló en el inmovilismo absoluto y cuyas fiestas tardaremos mucho en pagar, pero a los últimos anuncios del Consell no solo les falta datos reales sino mucha pedagogía.
Esta semana, el propio presidente Ximo Puig y la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, se rodearon de las fuerzas vivas de la agricultura de la Comunidad, las mismas que llevan esperando más de veinte años garantías para el abastecimiento hídrico, para presentarles, de sopetón, un anteproyecto de legislación agrícola con el que se pretende, más o menos, ocupar las parcelas que están abandonadas para ofrecérselas a terceros o a los ayuntamientos para su puesta en valor. En la provincia, unas 35.000 hectáreas de suelo fértil y rentables se han abandonado en los últimos veinte años, por lo que serían susceptibles de ser incluidas en los denominado bancos de tierras (suena más a terminología pasada de moda que a la Europa occidental). Incluso, hasta podría sonar bien pero lo primero que que habría que preguntar al legislador es aquello de que ¿y por qué hemos llegado a esta situación de emergencia?
Cien mil familias alicantinas comen todos los meses gracias a la industria agroalimentaria, y los agricultores se han convertido en una especie de héroes que luchan día a día para mantener sus explotaciones. El trasvase del Tajo agoniza, el Júcar-Vinalopó sigue sin agua y el precio del caudal desalado es el que es. Nadie se ha preocupado por solucionar un problema capital en el que, además, está la raíz de todos los males del campo alicantino.
En Alicante se abandonan tierras agrícolas por la falta de agua de calidad. No hay otra razón y ni el PP, ni el PSOE y no parece tampoco que Compromís -socio de gobierno del Consell-, han tenido la voluntad de solucionarlo. No hay datos sobre la oferta real de agua de la que se ha dispuesto en este periodo de sequía pero, por ejemplo, los agricultores del Campo de Elche saben lo que cuesta contar con ella, y todavía recuerdan cómo en el último periodo de sequía (2005-2009) solo dispusieron de 500 metros cúbicos de agua por hectárea al año, cuando se necesitan 4.500 metros cúbicos.
En Alicante la agricultura está viva y los suelos no se abandonan porque sea duro levantarse a las 6 de la mañana todos los días para coger el tractor. En la provincia hay muchas ganas de cultivar pero lo que no hay es caudal, como lo pueden acreditar las comunidades de regantes que ahora mismo no pueden garantizar el suministro a sus agricultores, o a empresas de la vecina Murcia que han comprado tierras para trabarlas y sacarles fruto, pero las tienen abandonadas por falta de caudal. ¿Se las ocupará el Consell? De momento, los agricultores que estuvieron junto a Ximo Puig en la presentación del anteproyecto se volvieron a la provincia sin un papel en la cartera ¿humo? Ojalá me equivoque. Pepe Andújar, presidente de los regantes de los regantes de la Comunidad, que algo sabe de los problemas, tampoco lo tiene claro.
De momento, además, no parece que ni en Madrid ni en Valencia haya mucha voluntad de sentarse y no levantarse hasta encontrar una solución al abastecimiento y, por supuesto, tampoco ayuda la batalla que libra un sector de la Conselleria de Agricultura contra la presidencia de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó apoyados en los regantes contrarios a Andrés Martínez. Once años después del cambio de toma todo sigue igual.
Y si el tema del agua es complicado, no lo es menos el problema del acceso a la vivienda, sobre todo para las familias más vulnerables. Desde que comenzó la legislatura y ya ha pasado año y medio, la conselleria María José Salvador trata de buscar alternativas para la creación de una red social de alquiler de viviendas que cubra las necesidades de todas aquellas personas a las que la crisis les dejó si su piso. Dieciocho meses plagados de anuncios y echando la culpa a las entidades financieras (su parte tendrán pero no toda) de los problemas habitacionales que sufren las familias. Familias que se han visto contra la espada y la pared y a las que no ha atendido nunca una Administración que optó más por los fastos que por afrontar realidades como garantizar el derecho a la vivienda digna.
Ahora se anuncia una nueva ley que contemplará la expropiación de las viviendas de los bancos si no colaboran, legítimos propietarios, sin embargo, aunque nos guste más o menos. Una iniciativa que nace ya con mil y un obstáculos, pues el propio Consell sabe que normas similares han sido tumbadas una y otra vez por los tribunales en Cataluña y Andalucía. Se pretende hacer un registro de viviendas vacías ¿Con qué inspectores? ¿Con los mismos que se tienen para erradicar el alojamiento turístico sumergido? Ojalá me equivoque pero al final dos problemas clave, el agua y la vivienda, seguirían sin resolverse. Ayer, hasta los otrora afines de Stop-Desahucios les sacaron las vergüenzas en Alicante.
