Resulta evidente que en España funciona la «economía sumergida». No tiene explicación que con casi 5 millones de parados, la sociedad no haya estallado. Aunque es difícil de cuantificar por su propio carácter oculto se calcula que en España esta economía, también llamada «negra» o «B», equivale a un 18,2% del PIB (unos 200.000 millones). Un porcentaje, sin embargo, que es inferior al 19,5% registrado en 2009, el pico más alto de la crisis. El dato actual está también por debajo de la media europea (18,8%) pero queda muy lejos, por ejemplo, de Alemania (12,2%), Francia (12,3%) o Reino Unido (9,4%).
Lo que más llama la atención es el elevado peso del fraude laboral, que alcanzaría a cuatro millones de empleos, lo que equivale al 9% de toda la población, más de un 13% de la población comprendida entre los 16 y los 65 años y un 18% de toda la población activa. Si solo extrajéramos la cantidad de empleos sumergidos que se han producido directamente por fraude laboral (aquel en el que empleador y el empleado no pagan Seguridad Social e impuestos) estaríamos hablando de 1,3 millones de empleos efectivos, lo que supone alrededor de 80.000 millones de euros de impacto sobre el PIB. Es decir, serían personas que oficialmente se han declarado como desempleadas, y el resto serían trabajadores con alguna actividad laboral reconocida pero que realizan una parte de la misma sin declarar.
Los motivos que inducen a una parte de la sociedad a buscar distintas vías para obtener ingresos, muchas veces, fuera de los límites de la legalidad, son diversos. Estamos convencidos que la crisis dejó a una parte de la población en una situación precaria (1.766.300 de hogares con todos sus miembros en paro, 3.352.900 paro de larga duración), lo que ha conducido a numerosas personas a priorizar la urgencia en la consecución de recursos. Sin embargo, también podemos afirmar que una de las causas que más peso tiene en nuestro país a la hora de optar por un puesto de trabajo no declarado es el rechazo a realizar un empleo «precario». La utilización correcta de las fórmulas legales existentes en España para facilitar la flexibilidad podría canalizar y facilitar la regularización y el afloramiento de grandes bolsas de empleo irregular o no declarado.
No hace mucho la OCDE alertó a España de que las altas cotizaciones a la Seguridad Social, así como los elevados impuestos sobre la renta, pueden estar contribuyendo al empleo sumergido. Sin embargo, afrontar este reto es complicado por las «considerables» necesidades recaudatorias de España y puesto que la Seguridad Social debe mantenerse en una dirección fiscalmente sostenible para afrontar el envejecimiento de la población. La OCDE reclamó medidas adicionales para incrementar la contratación y fomentar la participación en la economía formal.
En nuestro país existen además determinadas actividades que carecen de un marco legal que las regule, algunas están prohibidas, como el tráfico de estupefacientes y otras simplemente se ignoran, como la prostitución, pretendiendo hacer como si no fuesen parte de la realidad que nos rodea.
Es evidente que si estas actividades no están reconocidas, no tienen forma, ni aunque quisieran, de formar parte de la economía y al mismo tiempo la administración tiene pocas herramientas para perseguirlas desde el punto de vista económico. La llamada «economía ilegal», la que contabiliza el tráfico de drogas y la prostitución, supone casi un 0,90% del PIB español. Es lo que revela la nueva Contabilidad Nacional publicada por el INE que pone cifras a una parte de la economía sumergida en España. Según la contabilidad oficial, esas actividades mueven casi 10.000 millones de euros anuales: 6.000 millones el tráfico de drogas y la prostitución 4.000, según el INE.
La economía sumergida, formada por todas las operaciones económicas al margen de la ley y del fisco, ha crecido durante la crisis en España hasta suponer un cuarto del PIB. Concretamente en nuestra provincia se calcula que el porcentaje de economía sumergida podría superar el 25%.
Una sociedad que no ve mal defraudar, el déficit de inspectores de Hacienda y la corrupción política ayudan a que España sea uno de los países avanzados con más transacciones en negro. España ha sido tradicionalmente una de las líderes en economía sumergida del viejo continente. Compraventa de inmuebles, industria cárnica, software de caja B en restauración o las ventas en negro de discotecas, no hay sector que se escape al impulso codicioso de facturar en negro. España destaca negativamente en este tipo de prácticas, donde la construcción (34%), la hostelería (22%), comercios (21%) o industria (19%), destacando el textil y el de calzado, son señaladas por acumular billones de euros en fraude fiscal. De otra manera, como ya hemos dicho al comienzo, no se entendería que un país que supera el 20% de paro durante años se siga sosteniendo sin graves desórdenes sociales.
