26 de noviembre de 2016
Tribuna

Precariedad laboral en el sector turístico valenciano

26.11.2016 | 21:12

La Comunitat Valenciana ha sido, desde siempre, uno de los destinos preferidos del turismo nacional y extranjero. Los balances del 2015 arrojan datos espectaculares en el número de pernoctaciones en las distintas zonas turísticas de nuestra región. Esas cifras en ingresos para sector, se debieron, en gran medida, al trabajo de un grupo feminizado y silente, compuesto por las llamadas «camareras de piso» que representan un porcentaje importante de las plantillas hoteleras. Sin embargo, esas profesionales han sido sistemáticamente ignoradas por el sector y ninguneadas por las políticas de contratación de las patronales.

El de estas mujeres trabajadoras es el caso de empleadas que ejercen su profesión en unas condiciones ultra precarias, mal remuneradas, que en algunas situaciones apenas les permite alcanzan el salario mínimo interprofesional (SMI) después de las draconianas jornadas laborales a las que suelen estar sometidas. Para más inri, están condenadas a vivir en la angustia permanente y el miedo a ser despedidas, mientras van sumando las consecuencias derivadas de los abusivos horarios de trabajo en su salud, que las obligan en la mayoría de los casos a paliar sus dolencias a base de medicamentos analgésicos y antiinflamatorios.

En varios frentes está abierto el debate que justifica las inversiones en el sector. Sin embargo, cuando se analiza la realidad turística de nuestra Comunitat, nos encontramos que «el trabajo en el turismo es el gran ausente en este debate», tal y como afirma el investigador especializado en turismo Ernest Cañada, en el libro Las que limpian los hoteles. Historias ocultas de precariedad laboral. Sobre todo, si éste, como es el caso, es trabajo femenino.

Una cruda realidad que debería servir para poner en el centro de las controversias políticas, el análisis de esta actividad. Un trabajo infravalorado en términos comparativos. Esquivar la polémica significaría admitir un pervertido sesgo en las relaciones laborales, alejándolas de factores de equidad que debería existir en una sociedad democrática. Sirva como ejemplo, una noticia publicada el pasado 11 de septiembre en la que se informaba que «los hoteles valencianos acumulan 720.000 euros en multas por explotar a las camareras de piso». Asimismo, se relata que «La Inspección de Trabajo se ha tomado muy en serio la tarea de acabar con la explotación que, a su juicio, sufren las camareras de piso». Siendo la provincia de Alicante una de las zonas turísticas que acapara la mayor parte de estas sanciones.

La Generalitat, a través de la dirección general de Trabajo y Bienestar Laboral, está uniendo sus esfuerzos a los emprendidos por las afectadas y los sindicatos, con actuaciones concretas para frenar las prácticas de explotación resultantes de las subcontrataciones de servicios a través de marcas externas. Así, al menos tal vez se amortigüe parte de la justificación perversa de acumular ganancias, mientras que los autores de estas prácticas se alejan de cualquier estándar de una economía del «bien común» o de una ética empresarial acorde al siglo XXI.

Pero el origen del problema sigue latente. Radica en el resultado de las reformas laborales, la sancionada por el PSOE (2010) y, especialmente, la última del Partido Popular (2012). Ambas facilitaron una ofensiva empresarial contra las trabajadoras y trabajadores que fue profundizada con la utilización de la crisis como excusa y sigue siendo urgente la acción por parte de los grupos políticos para conseguir su derogación inmediata.

En el caso de las «kellys», como las llaman en Benidorm, nos coloca ante el espejo de nuestras propias contradicciones. Ante la paradoja de la dinamización y el fortalecimiento del sector turístico para hacerlo más competitivo, admitiendo al mismo tiempo que una parte importante del personal responsable de las bondades deseadas, navegue en condiciones laborales de semi-esclavitud. La rentabilidad y sostenibilidad de la actividad turística no puede colocarse de espaldas a las personas que la hacen posible. Los derechos laborales de las «camareras de piso», nos interpelan a todos los grupos políticos con representación parlamentaria y nos exigen a gritos una rebaja de la vulnerabilidad y precariedad laboral, la que ellas soportan en el siglo XXI.

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