El acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE) firmado esta semana por sus representantes respectivos Andoni Ortuzar e Idoia Mendía, en presencia del lehendakari Urkullu es, en principio, un acuerdo de gobierno en coalición para el País Vasco. Eso es así, pero es bastante más, el documento titulado Pilares para construir una Euskadi con más y mejor empleo, con más equilibrio social, más convivencia y más y mejor autogobierno, el cuarto pilar, como denomina el texto a cada capítulo, es una propuesta que concierne directamente no solo a Cataluña, sino a toda España. Puede ser el inicio de la respuesta a la crisis institucional en que el formalismo legalista y la falta de actuación política del nacionalismo españolista ha metido a España.

En plena crisis mundial el entonces lehendakari Patxi López (2009-2012) consiguió en Euskadi el desempleo más bajo, uno de los menores déficits autonómicos y, por supuesto, una industria netamente exportadora. Para ello impulsó unos acuerdos («Los nuevos Pactos de la Moncloa», INFORMACIÓN, 24-IV-2012) de cuatro tipos: «A) Unas políticas activas de empleo consensuadas entre sindicatos y patronal. B) Una importante partida para financiar el capital circulante de las Pymes pactado con la banca vasca. C) 2% del presupuesto dedicado a investigación y desarrollo. D) Un aumento del empleo público en sanidad y educación y un notable incremento de las ayudas sociales». Esos eran los pilares de los acuerdos de Ajuria Enea y si en el País Vasco era posible, preguntaba, ¿por qué no en el Gobierno de España? La respuesta estaba clara: ya no gobernaba ni Suárez, ni Abril Martorell; estaba Rajoy en la Moncloa, y De Guindos en Economía. La misma contestación han recibido ahora los agentes sociales -sindicatos y empresarios- cuando les llaman para un pacto social, eso sí sin mover una coma de la ley de relaciones laborales. La ministra Báñez con su gracejo habitual ha soltado en las Cortes: «Nadie cobra menos del salario mínimo porque eso es ilegal», o sea, con la misma lógica, el formalismo que decía antes: nadie es corrupto ni hay asesinatos de mujeres porque eso es ilegal, ¿no?

Como para resolver los problemas no basta el Boletín Oficial del Estado, los vascos plantean en su acuerdo cuatro pilares que son una continuidad de los pactos de Ajuria Enea: 1. El empleo, la reactivación y la sostenibilidad. 2. El desarrollo humano, la integración social, la igualdad y los servicios públicos de calidad. 3. La convivencia y los derechos humanos. 4. Más y mejor autogobierno. Los tres primeros proponen la búsqueda de empleo -«reducir el paro por debajo del 10%»- con un crecimiento sostenible, inversión en energías renovables e investigación, y mejorando los servicios públicos y el Estado del Bienestar: cultura, educación, salud e igualdad. Aunque no sea ese el objetivo, va a poner en evidencia que otra política económica es posible, menos dañina, menos gravosa para los trabajadores y las clases medias, y con menos costes sociales. Y sobre todo más eficaz ante la crisis, como se demostró en la etapa de Patxi López.

Partiendo de constatar «la existencia en el Estado de un fuerte impulso recentralizador que desconoce la voluntad política territorial e ignora su pluralidad y diversidad», el parlamento vasco se plantea en el cuarto pilar de los acuerdos una reformulación del modelo autonómico vigente en el Estado español . «Una reforma de la Constitución en tal sentido ampliaría las posibilidades para mejorar y garantizar el autogobierno», siempre «de acuerdo con las normas y procedimientos legales vigentes». En todo momento se refiere a la autonomía vasca, pero evidentemente la propuesta es extensible a Cataluña y a todas las comunidades. Para eso van a poner en marcha una «Ponencia de Autogobierno para que en su seno se acuerde con el mayor consenso una formulación abierta pero concreta de bases y principios», que estará terminado en ocho meses y se tramitará en el parlamento vasco como proposición de ley. En la ponencia se abordarán, buscando el consenso y el acuerdo, todos los temas que propongan los grupos: El reconocimiento de Euskadi como nación, o el derecho a decidir «dentro del ordenamiento jurídico vigente», la reforma de la Constitución, la definición clara de las competencias exclusivas, etcétera. En definitiva, consensuar una reforma constitucional básicamente del Título VIII, la que debían hacer las Cortes Generales. Los principales partidos de las Cortes también están representados en Guernica. Tendrán que posicionarse.