25 de noviembre de 2016
El ojo crítico

Siguen ahí

25.11.2016 | 07:43
Siguen ahí

La Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia quiere sacar del olvido a todos los represaliados por el franquismo que lucharon por la recuperación de las libertades que quedaron en suspenso en España tras el golpe de Estado de 1936

Con la presentación, hace unos días, del anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia por parte de consejera de Justicia Gabriela Bravo, comienza a repararse, por fin, el olvido sistemático que los gobiernos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana han otorgado a todo lo que tuviera que ver con el desenterramiento de las miles víctimas de la represión franquista que continúan enterradas en cunetas y descampados de nuestra Comunidad ante la inexplicable indiferencia de buena parte de la sociedad valenciana.

Y decimos inexplicable porque cuesta entender cuál es el proceso mental que ha desarrollado la derecha española en estos últimos años para no querer hablar de la dictadura franquista, como si 40 años de feroz represión y atraso hubiesen sido algo inevitable en nuestra historia, ni tampoco del papel que tuvieron en ella los ascendientes familiares de los actuales dirigentes del Partido Popular y de buena parte de las principales familias acomodadas de nuestro país, cuyo bienestar económico que se ha heredado de una generación a otra tiene un origen bien claro: el aprovechamiento que hicieron de los bienes, dinero, adjudicaciones administrativas y puestos de funcionarios pertenecientes al bando perdedor de la guerra civil española.

Trata esta ley –que entrará en vigor el año que viene– de dar una solución al gran asunto pendiente que tiene la democracia española, es decir, sacar del olvido a todos los represaliados por el franquismo que lucharon por la recuperación de las libertades que quedaron en suspenso en España tras el golpe de Estado de 1936. Al mismo tiempo se pretende articular un sistema de ayudas y apoyo económico que permita a los familiares de los desaparecidos desenterrarles de las fosas en que se encuentran para darles un entierro digno acorde con los valores que según establece la Constitución española de 1978 deben regir nuestra sociedad, así como dar un mayor protagonismo en la sociedad valenciana al recuerdo de todos aquellos que lucharon por la libertad, recuerdo e importancia que aunque algunos tratan de silenciar sigue presente en la memoria de muchos valencianos no sólo por representar lo mejor que hemos dado como ciudadanos en el siglo pasado, sino, sobre todo, para otorgar el merecido agradecimiento que merecen aquellos que dieron su vida y su libertad por una causa justa: la lucha contra el fascismo en España y el nazismo en Alemania.

A esta iniciativa legislativa del Consell se unirá el próximo cambio de la denominación de determinadas calles y plazas de Alicante aprobada por la mayoría de los concejales del ayuntamiento en un proyecto no exento de polémica pero que, viene a cerrar, definitivamente, la vergonzosa situación en que se encuentra el callejero alicantino plagado de reminiscencias franquistas y de loas a prebostes del régimen dictatorial cuyo único mérito, en numerosos casos, fue la de servir con eficiencia la represión puesta en marcha a partir de 1939.

El anuncio de esta Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia ha coincidido con la exposición Valencia, capital de la República que se puede visitar en el Centro Cultural La Nau de Valencia hasta el próximo 19 de febrero. En ella se hace un repaso a los meses en que Valencia fue capital de la República española entre noviembre de 1936 y octubre de 1937. Meses que resultaron fundamentales para el definitivo control de los gobiernos de Juan Negrín que dieron fin a la etapa revolucionaria de los primeros meses de guerra. Con la capitalidad se inició una trepidante e intensa movilización de la sociedad valenciana en el orden político y cultural con un importante papel de la mujer como eje centralizador de los aires de libertad que trajo la República de 1931, hasta que las fuerzas conservadores decidieron acabar con ella.

Mención especial merece Isabel Bonig –máxima dirigente del Partido Popular valenciano– que al enterarse del contenido de esta ley acusó al Gobierno valenciano de gastarse el dinero público en «sacar las fosas» (sic). Con este tipo de declaraciones Bonig va camino de convertirse en la Sarah Palin española. Mezclar la demagogia con una absoluta falta de tacto al despreciar a los familiares de desaparecidos que han reiterado, en numerosas ocasiones, que su único interés es dar a sus familiares un descanso digno, deja en muy mal lugar a Bonig.

Durante los primeros años de democracia –ya con el PSOE gobernando– y dada la presión que el tardofranquismo ejerció negando cualquier posibilidad de restablecimiento de la memoria de las víctimas de la dictadura franquista no fue posible restablecer los valores democráticos en lo que a reconocimiento de la memoria, estatuas franquistas y calles se refiere. Hoy día, gracias a la llamada Ley de Memoria Histórica aprobada en su día por el gobierno dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero y gracias también a la ley que hoy nos ocupa comienzan a cerrarse, definitivamente, las heridas que quedaron abiertas tras el fin de la guerra civil. Heridas que la propaganda franquista se encargó de mantenerlas abiertas durante cuarenta años de dictadura.

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