«Los usos del suelo para actividades comerciales y zonas o polígonos industriales serán compatibles con la actividad económica de las instalaciones de suministro de combustible al por menor. El órgano municipal no podrá denegar la instalación de estaciones de servicio o de unidades de suministro de carburantes a vehículos en los establecimientos y zonas anteriormente señalados por la mera ausencia de suelo cualificado específicamente para ello».

Ésto es lo que Mariano Rajoy y el PP aprobaron en febrero de 2013, mediante un real decreto ley (4/2013) para apoyar al emprendedor y estimular el crecimiento y la creación de empleo, para las zonas a las que el planeamiento municipal otorga un uso comercial o industrial, como la zona en la que se quiere construir una gasolinera en Santa Faz (APD-14). ¿Les gusta? A mí nada, pero es el marco legal en el que como concejal de Urbanismo debo moverme, salvo que quiera recibir una querella por prevaricación (dictar una resolución a sabiendas de su injusticia) por parte del promotor de la gasolinera, que sin duda ganaría en los tribunales.

La anterior concejala de Urbanismo, Marta García-Romeu, para más señas del PP, firmó en agosto de 2013 un certificado de compatibilidad urbanística que dio vía libre a la gasolinera desde el punto de vista urbanístico. La señora García-Romeu firmó lo siguiente: «Se considera APTO el emplazamiento de la actividad a tenor de lo dispuesto en el artículo 39 del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, que modifica el artículo 43.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos». De nuevo la legislación aprobada por el PP, cuyo grupo municipal se rasga ahora las vestiduras por la concesión de esta licencia cuando es su partido, en buena parte, el responsable de que finalmente desde el Ayuntamiento hayamos tenido que otorgarla.

La licencia se solicitó en diciembre de 2014 y los informes técnicos favorables junto con una propuesta de decreto favorable al otorgamiento de la licencia me llegaron un año después, en diciembre de 2015. Pero rechacé esa propuesta en base al único argumento legal que podría tumbar la licencia y que había sido señalado por los vecinos en las alegaciones que presentaron: no se había recabado informe de la Conselleria de Cultura, un informe exigible al situarse las obras dentro del entorno de protección del Bien de Interés Cultural (BIC) de la Torre de la Santa Faz. Todo ello consta en el expediente de la licencia.

Pues bien, exigimos al promotor de la gasolinera que recabase esa autorización y desgraciadamente para la protección de nuestro patrimonio la consiguió: el 28 de abril la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, autorizó las obras en base al informe del arquitecto inspector de patrimonio de los servicios territoriales de cultura de Alicante, informe en el que se propone autorizar la actuación arquitectónica en cuestión. La Conselleria de Cultura, la administración competente en garantizar la protección de los BICs, no veía problema alguno en que otorgáramos la licencia.

Así las cosas, atados de pies y manos y sin armas posibles para tumbar la licencia, no tuve más remedio que firmarla el pasado 13 de mayo. Por último, decir que para pirómanos determinados políticos y periodistas que para cargar contra este equipo de gobierno no dudan en agitar ante la opinión pública argumentos demagógicos y falsos que denotan, bien una profunda ignorancia del tema del que hablan o, peor aún, una manipulación consciente de temas sensibles cuando, en el caso del PP, saben perfectamente de su responsabilidad directa en que finalmente el Ayuntamiento haya otorgado esta licencia. Y que se lo haga mirar el grupo municipal de C's cuando se apunta con el PP a una iniciativa conjunta con este tema en el pleno del próximo jueves, no vaya a ser que acabe quemado por el fuego «popular».