Estoy muy preocupada. Mucho. A mediados de octubre, cuando estábamos pendientes de la investidura de Rajoy como Presidente del Gobierno, una noticia pasó casi inadvertida: un magistrado del juzgado contencioso-administrativo número 2 de Lugo condenó a la sanidad gallega por impedir a una mujer el ejercicio de su derecho a interrumpir su embarazo, lo que le causó daños irreparables (perdió el útero) y sufrimiento extremo. Lo que pone de manifiesto esta sentencia es la inaplicación generalizada (el boicoteo) de la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (LOSRIVE), como reiteradamente denuncia la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE). Aunque parezca increíble, raro es que en los hospitales públicos se practiquen interrupciones de embarazo, derivándose estas intervenciones (que suponen la materialización de un derecho de las mujeres) a las clínicas acreditadas para ello.
En España, la extrema derecha, ligada a la jerarquía de la Iglesia Católica, se opuso a la LOSRIVE e históricamente obstaculiza por todos los medios posibles el reconocimiento y ejercicio de estos derechos, lo que incluye el ataque a la labor de la FPFE y de las citadas clínicas. A raíz de la victoria de Trump, que apoya totalmente las estrategias de estos grupos en Estados Unidos, sienten un mayor respaldo. Preocupa el incremento de la virulencia con que algún medio vinculado a Intereconomía ataca a quienes defienden los derechos sexuales y reproductivos y hacen posible su ejercicio efectivo. El pasado 12 de noviembre, con los titulares «¿Quién dirige el negocio de la muerte? La cara del aborto en España», se publicaba un reportaje señalando, con nombres y apellidos, a personas concretas de la FPFE que son profesionales que trabajan en las clínicas. Me asustó. Sobre todo porque vi allí la cara de mi querida amiga Vito, que no ha hecho otra cosa en su vida que defender los derechos de las mujeres y a la que los grupos que se oponen a ello (los antielección) ya apuñalaron en una ocasión. Esta publicación equivale a ofrecer una diana contra la que disparar. En Estados Unidos, desde que se conoció la victoria de Trump, la Federación de Planificación Familiar de América (más conocida como Planet Parenthood) ha informado que han aumentado tanto las peticiones de anticonceptivos de larga duración así como las donaciones que recibe esta ONG ante el temor a recortes drásticos en la ya de por sí escasa financiación pública que están siendo impulsados por los grupos antiabortistas. Ya ven, en los Estados Unidos de América, quienes ven peligrar los derechos sexuales y reproductivos (que afectan particularmente a las mujeres) han reaccionado ¿Y aquí, en España, hay alguna reacción de defensa ante estos ataques y continuas amenazas? Pista: en el cacareado Pacto de Estado contra la Violencia de Género ni se menciona.
