Cuando cae en mis manos un escrito de Gerardo Muñoz lo leo con interés. Ni que decir tiene que la suya es una esforzada labor divulgativa. De hecho, su reciente escrito sobre Tabarca (INFORMACIÓN, 31-10-2016) me ha animado a aclarar cierta confusión sobre la almadraba isleña.

Cuando el autor afirma que «la concesión de la almadraba en 1832 mejoró la economía de Tabarca y ayudó a que creciese la población» no queda claro si se refiere a la concesión de traslado de la almadraba de Moraira a la Isla en 1784, en cuyo caso existe un error en la fecha, o si por el contrario lo hace al primer calamento conforme al Reglamento de 1828. No obstante, aun no siendo esta una cuestión menor, es otro el dato que motiva esta reflexión: el supuesto impacto económico y demográfico benéfico se aleja de la idea que tengo formada sobre la implantación de la almadraba, que está envuelta en turbios asuntos de los que poco provecho sacaron los isleños.

Creo tener la certeza documental de que el motivo por el que se cala la primera almadraba en la isla fue un auténtico abuso, cuando no un verdadero expolio. La historia resumida es la siguiente: en 1782 el Duque de Medinaceli arrienda a Joaquín Barceló su almadraba de Moraira, una de las dos que tenía en la Provincia Marítima de Alicante (la otra estaba en Benidorm). Diez meses después este arrendador, animado por las pérdidas, solicita al Duque el traslado de la almadraba de Moraira a la Isla de Tabarca, «aunque era sitio que no se había calado nunca». El duque, magnánimo, autoriza el traslado ese mismo año, mucho antes del preceptivo permiso de Marina que se obtuvo en 1784. Hasta aquí nada resulta censurable, pues una petición de traslado por poca o nula rentabilidad parece lógica.

Sin embargo, el duque y sus arrendadores piden dos cosas más. Una es «que puedan valerse (...) de los habitantes de dicha Tabarca para el desempeño de sus faenas con el estipendio regular», esto es, contratar a los llamados «terrestres» (no matriculados, como era el caso de los isleños) por la mitad del sueldo de un matriculado. Abuso que no pasó desapercibido al ministro de Marina de Alicante, que informó «que los Arrendadores de las Almadravas quieren ganar mucho y gastar poco, esto es dar corto Jornal».

La otra demanda es que «en seis leguas en contorno de dicha Almadrava no pudiesen los Matriculados (...) exercitarse con ningún Arte de Pescar». De esta forma, se pretendía extender a Tabarca un privilegio que se obtuvo para la almadraba de Benidorm dos años antes. La petición fue concedida, con el resultado de que en toda la Provincia Marítima de Alicante ningún matriculado pudiese pescar durante la temporada de almadraba. Así pues, la almadraba de Tabarca se convirtió en un instrumento al servicio del duque y sus arrendadores, destinado a controlar la actividad pesquera en toda la provincia durante el tiempo del atún, asegurando el consumo de sus capturas, por un lado, y garantizando, por otro, la disponibilidad de mano de obra. Sin duda, un plan emprendedor bien trazado. En este punto conviene recordar que en 1785 la almadraba tabarquina estaba servida por 25 hombres: poca economía podían generar en la Isla tan pocos hombres y sus cortos jornales, ganados por un trabajo temporal que, en cualquier caso, no excedería los seis meses.

Por otro lado, en el caso de que la referencia aluda a la primera concesión mediante subasta conforme al Reglamento de 1828, también es cuestionable la pretendida mejora. Es cierto que en esa fecha todas las almadrabas del reino eran propiedad de los gremios de pescadores, pero no es menos cierto que estos se encontraban absolutamente deslegitimados. Una situación que describe de forma contundente el Comandante General del Departamento de Cartagena en 1853, denunciando el fraude: «las almadrabas se hallan entregadas á los vicios de una inepta cuanto difícil administración gremial, (?) esto produce la tolerancia de manejos interesados con que las Juntas ó Directores de los gremios han venido procurando no adquirir los enseres necesarios al calamento y beneficio de tales artes de pesca en inteligencia con empresarios particulares que los poseen, y son por lo tanto los únicos postores en subastas simuladas». Además, en el caso de Tabarca, el gremio era el de Alicante.

En conclusión, el aserto almadraba de Tabarca igual a mejora económica y demográfica en la isla, es -de momento- una ecuación no demostrada.