Entre las primeras «locuras» de Donald Trump como presidente electo de los Estados Unidos destacan, sin duda, la decisión de nombrar a un reconocido racista como jefe de estrategia y comprometerse -otra cosa es que lo pueda hacer legalmente- a rebajar el salario de 400.000 dólares que le corresponde al año a tan sólo un dólar. Es cierto que Trump atesora una fortuna de cuatro mil millones de dólares y que, por tanto, tiene solucionada no sólo su vida sino la de cuatro o cinco generaciones de sus descendientes. Pero también es verdad que el «gesto» del nuevo inquilino de la Casa Blanca supone tres o cuatro vueltas de tuerca más a la peligrosa dinámica que ya se había iniciado, sin ir más lejos, en nuestros municipios, en la Generalitat o en el Gobierno de España con el beneplácito, obviamente, de la derecha; en muchos casos, de una izquierda desnortada y sin argumentos; y alimentada también por la demagogia de la «nueva política» de podemitas como Juan Carlos Monedero o Ramón Espinar, dedicados luego a ingresar «pasta» por otro lado con sus indecentes trapicheos. ¿Tiene que cobrar un político un sueldo razonable y por encima de la media por ejercer una labor en la que gestiona el dinero de todos los ciudadanos o por trabajar en la elaboración de leyes que marcan el día a día de la sociedad? Por supuesto. Rotundamente sí. Propuestas como las de Trump o esa espiral de reducción salarial en la que han entrado algunos políticos en España son inaceptables, como poco, por tres motivos: limitan la participación en cargos públicos a que sólo la ejerzan los ricos; alejan de la posibilidad de «entrar» en la actividad pública a los buenos profesionales que, con bajas retribuciones en la administración, optan por quedarse en la empresa privada; y elevan, desde luego, las «tentaciones» de caer en el enriquecimiento ilícito que genera la corrupción. Durante meses, en la Diputación de Alicante se habló de los 90.000 euros de salario del presidente César Sánchez por dirigir una administración que ha llegado a manejar unos 250 millones anuales. Es evidente que en la Comunidad todos los cargos públicos -presidentes, consellers, diputados, alcaldes...- deberían ingresar, en función de una tabla pactada, por debajo de Ximo Puig. Por eso, el debate que debemos abrir con urgencia es, por tanto, si el jefe del Consell con un presupuesto de 18.000 millones -tres billones de las antiguas pesetas- a su cargo y la gestión de la Sanidad o la Educación puede cobrar apenas 70.000 euros. Menos demagogia y más política.
